Los gobiernos locales tienen, en su conjunto, mal diagnóstico: insuficiencia financiera en medio de una creciente desproporción entre competencias (tareas) y capacidades. Y en el paquete económico del ciclo fiscal siguiente las participaciones están congeladas. Por el contrario, de los aumentos presupuestales que desean los ayuntamientos, han disminuido en temas muy sensibles, por ejemplo, el Fortaseg era la única entrada que tenían los 300 municipios más poblados del país para atender mejoras en sus cuerpos de seguridad y ya no cuentan con ello. Sin embargo, ahora mismo las administraciones municipales tienen problemas estructurales que deben atender para hacer viable ese orden de gobierno, porque ahora mismo está en niveles críticos de viabilidad. Veamos.
Los planes de desarrollo de los municipios tienen altos niveles de incumplimiento y decisiones excesivamente centralizadas. El tema de la forma en cómo planea el municipio lo coloca como formas infuncionales: ahora se requiere una planeación que combine expertiz profesionalizada con intensa participación social. Los planes tradicionales son más un obstáculo que un apoyo. Pero la Encuesta Nacional de Gestión Municipal arroja datos poco optimistas sobre los perfiles de los funcionarios municipales. Una tarea es, por tanto, reestructurar totalmente la forma de planear el desarrollo del municipio por parte de los ayuntamientos que den entrada a expertos en temas clave junto a dinámicas participativas: la combinación de ciencia y democracia. Pagar a una empresa que haga el plan de desarrollo tradicional y aprobarlo en el cabildo es ya infuncional.
La agenda que marca el artículo 115 constitucional tiene ahora mismo algunos temas en crisis: seguridad pública, agua potable, manejo de residuos y vías de comunicación sólidas e iluminadas. La seguridad requiere una profunda reingeniería, porque el esquema de meter a las policías municipales en el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha tenido resultados contraproducentes, cuando el municipio tiene la oportunidad de ensayar modelos de seguridad de tipo territorial y ciudadano. Ahora mismo los municipios son impotentes en ese problema, y los nuevos alcaldes que prometieron en campaña que iban a resolver ese problema simplemente engañaron a sus electores. El problema de la dotación sustentable de agua potable a la población, sobre todo en el caso de los municipios metropolitanos es un caso grave. Los municipios no cuentan con incentivos para gobernar con gestión estratégica. La cobertura de los servicios es lamentable, sobre todo al salir de las cabeceras municipales.
En cuanto a la agenda del desarrollo adicional al 115, la cosa es aun más complicada. A nivel nacional la cobertura presupuestal de estas tareas ha subido a tal grado que ahora es casi el 50 por ciento del mismo. Sin embargo, los resultados son poco menos que nimios. En suma, se requiere pensar en una profunda reforma que arroje otro modelo de municipalidad del estado y del país. Así como una transformación (sea cuarta o quinta) es impensable sin reformas profundas de la Hacienda pública, tampoco es posible sin pasar por una reforma del federalismo y los modelos municipales. ¿Se quiere transformar el país, pero sin reformar al Estado? ¡Imposible! Por ello, las promesas de cambio no han pasado de ser mera propaganda sin realidad alguna.
