El Issstezac presenta una compleja problemática que va mas allá del tema financiero, implica, además, el descrédito y desconfianza, que no registra ninguna institución en la entidad, así como posibles repercusiones sociales, que pueden generar un colapso del sistema de pensiones y agravar la salud de las finanzas del estado.
Existe un deterioro en las prestaciones sociales de la derechohabiencia, insolvencia para hacer frente a compromisos primarios de realizar mes con mes el pago de nómina de pensiones. Hay un deterioro progresivo y acelerado de sus áreas comerciales que se vuelven un pasivo para el Instituto, un incremento exponencial en el número de pensionados respecto al número de cotizantes, además de una nómina laboral que es financiera y operativamente insostenible.
Ante las declaraciones tanto del gobernador saliente, como del entrante, destaco la necesidad de un gran acuerdo por el rescate del Issstezac, y para ello es imprescindible la participación de actores e instituciones más allá de las responsabilidades y obligaciones de la Junta Directiva.
El saneamiento integral debe ser más que medidas impositivas en términos de Ley, sino además consensuadas y aceptadas por todos, tanto instituciones, como actores, individuales o colectivos, de lo contrario podría empantanarse y resulta urgente poner el interés general por encima del interés particular. Siendo francos, más vale sacrificar un poco las prestaciones con expectativas futuras de derecho, que perder la expectativa completa.
Estamos ante la urgencia de un pacto de buena voluntad entre distintos poderes, órdenes de gobierno, instituciones púbicas y actores políticos que establezcan compromisos de corto plazo, mismo que sea entendido como la ruta más viable y de consenso para el rescate del Issstezac y dar viabilidad al sistema de pensiones. Un pacto que obligue a la absoluta transparencia y rendición de cuentas en todas las decisiones, con apego a la Ley y la normatividad que lo rigen, que sea participativo e incluyente, que sea realizable y medible.
El centro de la discusión deberá ser la reforma en todos los sentidos al sistema de pensiones, por que con base en datos actuariales, el año crucial para el Instituto y el propio Gobierno, sería el 2025, pues aún convirtiendo la reserva técnica en líquida y con las aportaciones de hasta un 30% del Gobierno del Estado y los municipios, no evitaría la aguda descapitalización, lo que implica necesariamente asignación de recursos a manera de subsidio, por parte del Gobierno Estatal. No aprobar la reforma, significaría un costo estimado en el próximo sexenio que asciende a 9 mil 552 millones de pesos, que representa una aportación extraordinaria de 3 mil 917 millones de pesos y el Estado podría desatender otras obligaciones como en desarrollo económico, social, seguridad, salud, educación, entre otros.
En fecha 11 de febrero del 2020, la Legislatura emitió Acuerdo Legislativo número 15, el cual solicitó a la ASE, que en ejercicio de sus atribuciones procediera a la revisión de la gestión Financiera durante las administraciones de Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello Cristerna. Se practicó una auditoría financiera y de cumplimiento a la gestión durante el periodo 15 de septiembre de 2010 al 31 de enero de 2020, a fin de proporcionar información técnica necesaria y determinar si se cometieron conductas que esté en la Ley General de Responsabilidades Administrativas como faltas.
Dio como resultado 106 observaciones de las cuales 69 son correctivas, de estas 63 son para promover el fincamiento de responsabilidades por faltas administrativas y 75 son preventivas. Entre ellas, se omitió el artículo transitorio vigésimo tercero de la Ley 2015 que establecía la reestructura administrativa como una disminución no menos al 35 % en todos los capítulos del gasto, actualmente ya estamos en proceso de una reingeniería administrativa para la reducción de la estructura orgánica, y por primera ves estamos proponiendo un tabulador de salarios y catálogo de puestos. Efectivamente la Ley mandata 180 días para su cumplimiento, y en septiembre de 2015 venció, lo demás fue reiterativo.
También señala la perdida en las unidades comerciales, pérdidas significativas que incluso en entrevistas he llegado a semejar al adeudo que mantuvo el Colegio de Bachilleres y que no se ha dimensionado en la misma proporción. Por 10 años Colegio de Bachilleres le debió al Issstezac poco más de 500 mdp, que cubrieron con un terreno en dación en pago. La perdida de las Unidades comerciales por estos 10 años es por el orden de los 455 mdp, en cifras históricas, si actualizamos la cantidad en pesos de hoy, la cifra es mucho mayor. Para ello, en la sesión de Junta Directiva de marzo de 2020, se determinó el cierre de 10 áreas comerciales, bajo el argumento de que han tenido pérdida sostenida en los últimos 10 años.
La terea es ardua, pero sólo saldremos adelante, con transparencia, rendición de cuentas y sobre todo la voluntad política y un gran pacto de todos por el rescate del Issstezac.
*Director General del Issstezac
