Mexicali, BC. Al no existir en Baja California una fiscalía para investigar delitos cometidos por servidores públicos, la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá las denuncias de corrupción del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid. A diferencia de la situación institucional en Baja California, la Fiscalía Anticorrupción está integrada a la FGR y tiene facultades para investigar casos de corrupción.
La secretaria de la Honestidad y Función Pública Vicenta Espinoza, dio a conocer que sostuvo una reunión con el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Santiago Nieto, en la que se acordó pedir a la FGR la investigación de casos de corrupción del gobierno de «Kiko» Vega.
Espinoza presentó una denuncia en la subdelegación de la FGR en Mexicali por el incumplimiento de la entrega a los cinco municipios de 361 millones de pesos de participaciones federales.
Hasta el momento, ninguna investigación administrativa durante el gobierno bonillista ha concluido con algún procedimiento sancionatorio de servidores públicos del gobierno de Vega, ni del actual, aunque la funcionaria estatal aseguro que «hay avances importantes».
La administración del morenista Jaime Bonilla presentó denuncias contra Vega de Lamadrid por peculado y un posible quebranto patrimonial por mil 700 millones de pesos por supuestos servicios de asesorías a la Secretaría de Planeación y Finanzas que involucra a un centenar de empresas, además de la creación de un fideicomiso manejado de manera personal presuntamente por Brenda Roacho de Vega para recursos destinados al CRIT-Tijuana.
Otra denuncia es por el descuento de nómina a servidores públicos para organizaciones vinculadas al Partido Acción Nacional y a su exdirigente José Luis Ovando Patrón, durante la administración de Vega de Lamadrid.
La Fiscalía General del Estado determinó la no acción penal de una investigación sobre aportaciones económicas para el otorgamiento de contratos en la administración de Bonilla, caso conocido como «los moches». Es otra investigación administrativa inconclusa.
A propuesta del diputado panista Miguel Ángel Bujanda, excoordinador de gabinete de Kiko Vega, el 1 de noviembre, el Congreso local, con mayoría de Morena, aprobó la creación de la Fiscalía General del Estado, con más de 20 Fiscalías Especializadas en diferentes delitos pero se excluyó la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por lo que carece de facultades para la investigación de estos delitos cometidos por servidores públicos, de acuerdo a analistas jurídicos.
Un mes después se buscó subsanar el yerro legislativo al crear la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción como una entidad autónoma del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado. La propuesta del legislador Juan Manuel Molina, de Morena, se aprobó sin otorgarle personalidad jurídica ni patrimonio propio, limitantes para investigar y judicializar casos de corrupción.
El gobernador Jaime Bonilla propuso, sin la participación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y el Congreso local acordó, el nombramiento de la primer fiscal anticorrupción de Baja California.
Villarreal renunció el 14 de enero de 2020 al carecer de oficina, recursos para contratación de personal y hasta para la compra de un lápiz.
Bonilla desestimó la renuncia al advertir que la abogada quería ganar sueldos altos.
Situación similar de registró en la designación del magistrado Anticorrupción pues el gobierno bonillista no aportó recursos para su funcionamiento en el presupuesto 2020 del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA)
Durante 11 meses han estado acéfalas la Fiscalía Anticorrupción y sala anticorrupción del TEJA.
