■ “Se requiere de una nueva reforma que se adapte a las circunstancias actuales y afrontar los retos que genera la dinámica demográfica y el contexto económico”
■ “La sostenibilidad del sistema de pensiones es crucial, ya que miles de trabajadores al servicio del estado dependen de ella”
Durante un foro virtual realizado este lunes para presentar y revisar la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), la diputada Alma Dávila Luévano advirtió que no se permitirá que el Gobierno del Estado realice un “albazo” para aprobar una propuesta ajena a los derechos de los trabajadores, como ocurrió en el 2015.
“No vamos a permitir un albazo. No vamos a permitir que suceda lo del 2015 y no vamos a esperara que nos sorprendan. Por eso queremos presentar el trabajo que hemos hecho los derechohabientes del instituto y su servidora, para el cual hay el respaldo de mi grupo parlamentario”, expuso.
Comentó que la auditoría externa que se aplicó al Issstezac, avalada por la propia Auditoría Superior del Estado, arroja datos importantes, pero “no se puede hacer pública porque es hasta que el pleno pueda votarla y para ello la Comisión de Vigilancia debe hacer un dictamen que luego sea presentado a todos los diputados”.
Con la iniciativa de ley que se ha elaborado con base en el trabajo realizado por derechohabientes, dijo que hay la expectativa de que más legisladores se sumen a esta y así evitar que el Gobierno del Estado “pueda dar un albazo” con otro planteamiento que atente contra los trabajadores.
Dávila Luévano expuso que el sistema de pensiones en el mundo es un problema que ha sido atendido de diferentes maneras, con base en investigaciones diversas y de instituciones que brindan apoyo técnico como la Comisión Interamericana de Seguridad Social, la Academia Mexicana de Derechos de la Seguridad Social, entre otras.
Expuso que hay un complejo proceso de transformación de los sistemas de pensiones, pero las bases de la seguridad social, en el orden jurídico nacional, se encuentra en la Constitución misma que establece que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y a efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley”.
En otro articulado, agregó, se establecen los ejes y las relaciones de trabajo entre el gobierno y sus trabajadores y dispone las bases de la seguridad social, entre ellas la cobertura de los accidentes y enfermedades y la jubilación, invalidez, vejez y muerte.
En Zacatecas, dijo que el Issstezac requiere de una nueva reforma que se adapte a las circunstancias actuales y afrontar los retos que genera la dinámica demográfica, el contexto económico y que analice la administración interna del instituto no sólo para contener el pasivo de cientos de millones de pesos, sino con el objetivo de darle viabilidad a largo plazo.
Dávila Luévano explicó que “la sostenibilidad del sistema de pensiones es crucial, ya que miles de trabajadores al servicio del estado dependen de ella. Actualmente existen dos modelos pensionario: el contributivo ocupacional y el universal. En el primero es la respuesta de las clases dominantes a la lucha de las clases obreras por la reivindicación de sus derechos no reconocidos. Así surge la propiedad transferida a través del seguro que implica la obligación de cotizar para acceder a los beneficios”.
Sobre el segundo modelo, expuso que consiste en el tránsito del aseguramiento de los derechos universales, para lo cual se requiere del pleno empleo y un sistema de impuesto nacional que permita la financiación de la cobertura de toda la población.
Señaló entonces que debe a ver suficiencia a las prestaciones y estas deben ofrecer seguridad en materia de ingresos y permitir que los asegurados atiendan sus necesidades básicas, a la vez que la seguridad social debe ser sostenible financieramente de acuerdo con las capacidades económicas y fiscales del país.
En ese contexto, informó que la iniciativa de reforma a la ley contó con la participación de cuatro unidades académicas de la BUAZ y plantea el principio Rector de 2 por ciento de los ingresos del instituto como límite para gastos en la administración del fondo de pensiones.
Dávila Luévano refirió que, en la iniciativa, la violación de las disposiciones orientadas a garantizar la sustentabilidad financiera del instituto, serán motivo de dar parte a la Fiscalía General de Justicia y a la contraloría del gobierno del estado.
Respecto a los órganos de gobierno y dirección sobre la Junta Directiva, se modifican fracciones para enfocar su labor a la aprobación de la normatividad secundaria del Issstezac, ya que la estructura orgánica será aprobada por la Legislatura.
Sobre su composición, “se agrega un numeral para establecer la integración de un comisariado designado en común acuerdo entre la Legislatura y el presidente de la Junta Directiva, así como un representante del Movimiento de Bases, garantizándoles el acceso a la información”.
En relación a la persona que encabezará la dirección general del instituto, la iniciativa plantea que la aprobación corresponderá a la Legislatura del estado, a propuesta del gobernador.
