En el mundo se ha observado una constante: las policías se han convertido en una fuerza de opresión e injusticia y no de protección a la población. El escándalo en Estado Unidos por su comportamiento racista ha desatado protestas violentas, llenas de ira e indignación. En Bolivia ya tienen meses reprimiendo a lideres de pueblos indios y todo aquello que huela a oposición. Chile, Argentina, Brasil y, claro está: México. La crisis de derechos humanos de las policías debe hacer reaccionar, al menos, a los gobiernos que pretenden ser progresistas.
En el caso específico de México la situación no es optimista. Los militares son formados sobre la base de atacar a los ‘enemigos del Estado’. Funcionan necesariamente sobre la dicotomía ‘amigo-enemigo (del Estado)’. Un terrorista o un narco armado y con poder económico puede ser enemigo de los intereses generales de la nación, pero todos los demás, sobre todo la población que es víctima de la situación de ahogo económico, ¿son enemigos del Estado? O más bien, ¿no son sus náufragos? En suma, ¿los náufragos de la situación asfixiante son enemigos del Estado? Si la respuesta es no, entonces no todo infractor de la ley es el enemigo. Pero esa distinción es imposible para la lógica militar: un infractor es un enemigo. Y si los militares se hacen policías o los policías se militarizan, la ecuación es inevitable: toda lo población es sospechosa y los que violan la ley deben ser tratados como hostiles a la nación. Ecuación falsa y con consecuencias nefastas.
Bajo ese marco de valores generales en los que se mueven las policías, debe sumarse la falta de capacitación del personal policial, la lejanía respecto a los que apresan y sus capacidades de origen. Y lo más importante: el esquema lógico de la política de seguridad no se ha modificado nada. Continúa definiéndose el problema de la seguridad ‘como la falta de capacidades policiales’ para enfrentar el delito.
Necesitamos cambiar de fondo la política de seguridad. A la fecha, no hay ningún programa que siquiera asome la posibilidad de contar con esquemas de operación de seguridad ciudadana. Se tenía la idea de que los modelos distintos bajo los rótulos de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad ciudadana iban a caminar por el rumbo de disminuir al mínimo la seguridad nacional, mejorar la idea de seguridad pública y fortalecer los modelos de seguridad ciudadana. Y resulta que hemos caminado justo por el rumbo contrario: se acercó hasta confundirse seguridad nacional y la pública, y se ha borrado del mapa la seguridad ciudadana. Esto último arroja necesariamente violaciones sistemáticas de derechos humanos, lo cual significa que son violaciones no porque algún elemento se haya desviado de su mando, sino que es una consecuencia necesaria del modelo adoptado. Si es violación sistémica de los derechos humanos, no meras contingencias, entonces necesitamos cambio de modelo policial, ¡ya!
