Parece increíble que después del álgido y rico debate, respaldado en serias investigaciones, a partir del 2006, los legisladores mexicanos propongan las medidas del populismo penal como una ‘soluciones contra la inseguridad’. Además, que SL este engañó sea encabezado por los legisladores de Morena. Está demostrado hasta la saciedad que el incremento de penas y los aumentos de gravedad en los tipos penales, no detienen la frecuencia delictiva. Y en un contexto de alta impunidad, puede provocar efectos inversos. Como los que ya sufrimos. El hecho de que incurran en ese tipo de ‘soluciones’ sólo muestra impotencia en la formulación de soluciones reales y verdaderas. En otras palabras, la impotencia en la conducción genera lo más fácil y a la mano: anunciarse en los medios proponiendo incremento de años de penalidad, o como hace tiempo el Partido Verde y hoy lo recicle el PAN al plantear la pena de muerte que es absurda y primitiva.
Veamos la crónica del fracaso de esas ‘ideas’. Las medidas de poner como graves muchos delitos, tuvo como efecto que la prisión preventiva tuviera un efecto perverso en la administración de la justicia toda. En 1990 había 101 presos por cada 100 mil habitantes en México; y en 2006 ascendió a 200 presos en esa misma tasa. El doble. Las cárceles se llenaron de personas que ni siquiera estaban sentenciadas (ahora son el 40 por ciento), y tanto los juzgados como las prisiones estaban atascadas de casos, donde el 80 por ciento son delitos del fuero común. Dicha saturación aumentó la ineficiencia e ineficacia de la impartición de justicia y mandó a la basura el objetivo de readaptación de los presos (que después de 2008 se convirtió en ‘reinserción social’). En una palabra, esas medidas se convirtieron en gestoras funcionales de mayor impunidad. Bonita cosa trajo el populismo penal.
La disminución de la impunidad sí funciona como prevención penal de la frecuencia delictiva. Y para que ocurra se necesita que la policía investigadora tenga los casos justos y el tiempo posible para realizar con seriedad las investigaciones, y no cientos de simulaciones de investigaciones que en realidad no hacen. Y la prevención terciaria, lo cual significa lograr el objetivo de la reinserción social de los presos, no es posible con cárceles saturadas donde quien manda son los grupos delictivos. Justo por ello, la reforma procesal penal del 2008 propuso crear el sistema de justicia alternativo, los juicios orales y limitar al máximo la prisión preventiva. Sin embargo, el actual Gobierno Federal ha impulsado nombrar a muchos delitos como graves, y con ello hacerlos partícipes de prisión preventiva: lo contrario del objetivo (bastante razonable) de la reforma penal mencionada. Resultado funcional: se agudiza la saturación carcelaria y se evita la investigación policial seria. Resultado final: se mantiene la impunidad en el negro 97 por ciento. ¡Un espanto! Pensábamos que Morena impulsaría lo mejor de la reforma del 2008, y que por fin se iba a implementar. Y no: junto a la agenda estulta de la derecha y otros despistados, optan por el populismo penal cuyo camino es el incorrecto.
