El derecho al cambio

El derecho al cambio

Por mucho deseo de cambio que tenga una sociedad, si no está dispuesta a cambiar, poco se logrará. Por más cliché que parezca, no se falta a la verdad cuando se dice que el cambio requiere de todos.

Al gobierno que cumplirá su primer año el próximo domingo puede hacérsele muchas críticas, pero no puede regateársele intenciones de cambio que se cristalizan en políticas que generan resistencia.

Aunque esté país empieza a acostumbrarse a ver al presidente viajar en líneas comerciales y a encontrarse a secretarios de estado durmiendo en los aviones, no hace mucho que esto se consideraba un peligro de seguridad nacional.

Parte de ese cambio ha consistido en hacer más y gastar menos, pues mientras por un lado se habla de austeridad, por el otro se piensa en trabajar más.

Así el Instituto Mexicano del Seguro Social anuncia por ejemplo que los fines de semana dará consultas médicas, y la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra ha anunciado que esté organismo brindará servicio 24 horas al día.

En ambos casos es de esperarse que esto genere molestia entre su personal.

Historia similar se vivió hace un año, cuando se anunció la disminución de los salarios por debajo de lo que ganaba el presidente de la República quien a su vez disminuyó su ingreso. Renuncias, gritos y amparos llegaron entonces de quienes rechazaron esas medidas.

En otro tema, la forma de luchar contra la inseguridad también ha cambiado. De la política del “se matan entre ellos”, y de la aniquilación de los brazos armados de los grupos delictivos se pasó a una estrategia que busca pegar en el bolsillo porque es ahí donde al crimen le duele.

En la forma de distribuir el presupuesto federal se dejó atrás el esquema que permitía a los diputados hacerse de unos cuantos millones a repartir en sus distritos con relativa discreción, facilitando con ello la corrupción, y los acuerdos políticos ilegales con presidentes municipales y gobernadores, y evitando así también el culto individualista a las figuras políticas que con la facilidad de “caravanear” con sombrero ajeno gustaban de atribuirse el mérito de “bajar” recursos por su cercanía con determinados funcionarios o legisladores.

En ese cambio se vieron afectados también asociaciones campesinas y sociales que habían encontrado a través de esas formas de organización la manera de hacerse de recursos que les permitían a muchos de ellos acceder a lo que quizá legítimamente les correspondían, pero que estaba distribuido en función de su cercanía con el líder de la organización, el número de personas que llevaran a las movilizaciones o las veces que participaran en ellas.

Se busca ahora que los recursos lleguen no solo con independencia de esos factores, sino también sin importar su militancia o no en determinado partido, o su apoyo a cierto proyecto electoral. De cumplirse este objetivo, y de alcanzarse esa pretendida “universalidad” se estaría pues ante un cambio que permitirá asimilar que esta clase de beneficios son derechos ciudadanos, y no migajas clientelares.

A contracorriente de estos esquemas que buscan adelgazar nóminas y aumentar eficiencia, el Instituto Nacional Electoral pretendió continuar con el elevado salario que mantiene a 100 de sus funcionarios ganando más que el presidente de la República. No lo logró.

Así también actúa el Congreso del Estado de Zacatecas que busca aumentar el periodo de receso para descansar cuatro meses del año y no dos, como lo hace desde que lo reformó la legislatura pasada.

Con esta iniciativa que cuenta con el apoyo unánime de los diputados de todos los partidos políticos se deja claro que no se ha entendido el mensaje popular que en México encontró resonancia en las urnas, pero que en otros países ha derivado en las calles ardiendo al grito “que se vayan todos”.

Un año es brevísimo tiempo para analizar si estos cambios -a pesar de las resistencias- funcionan, quizá algunos sí quizá otros no. Lo cierto es que aunque se pueda discrepar de ellos, la contundente victoria de julio del 2018 obliga a qué se permita cuando menos probarlos. Y en esas estamos. ■

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