■ La disminución de los índices de la violencia y la delincuencia no se consigue con penas más altas, opina Antonino de Leo, representante en México de la UNODC
■ Dice que la intervención temprana con las familias en materia social y comunitaria también es la vía, no sólo para reducir los gastos públicos sino también de las familias
■ Afirma que se ha trabajado con Godezac en el diseño de un proyecto destinado a cumplir con el objetivo 16 de la Agenda 2030 y que es el de Paz, justicia e instituciones sólidas
■ La estrategia buscará incidir en el cambio de hábitos, costumbres y comportamientos en las comunidades, incluyendo la perspectiva de género y de derechos humanos
Las estrategias de seguridad sancionatorias “más allá de sobrepoblar las cárceles no logran el impacto esperado”, por lo que la disminución de los índices de la violencia y la delincuencia no se consigue con penas más altas.
LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD SANCIONATORIAS “MÁS ALLÁ DE SOBREPOBLAR LAS CÁRCELES NO LOGRAN EL IMPACTO ESPERADO”
El representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) Antonino de Leo hizo esta declaración durante la inauguración del Primer Congreso Internacional Prevención Social de la Violencia y Cultura de la Paz y agregó que “poco o nada puede realmente hacer la cárcel, si no se acompaña de procesos de transformación de los patrones socioculturales”.
Por ello, destacó que es más eficiente que los gobiernos inviertan en prevención antes que en estrategias punitivas que provocan, a largo plazo, mayor gasto público en materia penal, vigilancia, procesamiento, defensa y la gestión del sistema penitenciario.
Pero desde el punto de vista económico, destacó que la intervención temprana con las familias en materia social y comunitaria también es la vía, no sólo para reducir los gastos públicos sino también de las familias.
En este sentido, hizo referencia a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción en Seguridad Pública (Envipe) elaborada por el Inegi y los usó para ejemplificar a nivel familiar la diferencia entre los gastos preventivos y los costos de la violencia una vez que se cometen los actos delictivos.
Refirió que el costo de la violencia y la delincuencia en Zacatecas durante 2017 fue de 2 mil 500 millones de pesos, mientras que los gastos de los hogares del estado en medidas preventivas ascendieron a 908 millones de pesos.
Precisamente para reforzar el enfoque preventivo de las políticas de seguridad del estado, Antonino de Leo informó que se ha trabajado con el Gobierno estatal en el diseño de un proyecto destinado a cumplir con el objetivo 16 de la Agenda 2030 y que es el de Paz, justicia e instituciones sólidas.
En ese tenor, explicó que la estrategia buscará incidir en el cambio de hábitos, costumbres y comportamientos en las comunidades, incluyendo la perspectiva de género y de derechos humanos.
Estas acciones se aplicarán en zonas prioritarias de nueve municipios y consistirán, por ejemplo, en campañas comunitarias de prevención, generación de redes ciudadanas y fortalecimiento de las Brigadas de Activación Social (BAS) que ya existen.
El Estado, abarcando gobierno, academia, sector privado y sociedad, deberá implementar estas acciones y añadió que la UNODC, como actor externo a la estrategia, se encargará del seguimiento y la evaluación del proyecto.
El subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Armando Neri, precisó que los nueve municipios en los que arrancarán estas actividades a partir el 5 de octubre son Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Morelos, Calera, Trancoso, Enrique Estrada, Pinos y Loreto.
Explicó que una primera etapa se prolongará hasta el 31 de enero, la cual ya está programada con todas las actividades que se realizarán; sin embargo, para la planeación del siguiente paso deben esperar a la conformación del presupuesto para saber de cuánto recurso dispondrán. Puntualizó que para todo el proyecto se estima un monto necesario de 5 millones de pesos.
