■ La Policía Estatal Preventiva es la corporación más denunciada por este ilícito
■ También hay expedientes en que se señala a las policías municipales de Zacatecas y Guadalupe, e inclusive la Policía de Investigación
En estos momentos hay más de 100 carpetas de investigación y averiguaciones previas abiertas por el delito de tortura en la entidad y la Policía Estatal Preventiva es la corporación más denunciada por este ilícito.
La fiscal especializada en Derechos Humanos, Marta Berenice Vázquez González, informó que desde 2016 comenzó a operar la unidad especializada en el delito de tortura y fue hasta 2018 cuando se creó la fiscalía especializada en derechos humanos que es la encargada de atender estas denuncias y las relacionadas con tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ello se tienen investigaciones abiertas tanto bajo el viejo sistema de justicia como con el nuevo.
Cada mes, refirió que se abren entre cuatro y cinco nuevas indagatorias, principalmente por reportes enviados por los jueces debido a que quienes denuncian estos hechos son, sobre todo, “alguna persona que fue privada de su libertad por corporaciones de seguridad y puede llegar a alegar tortura en el control de su detención o cuando es vinculada a proceso”.
La institución de seguridad que con mayor frecuencia es señalada por este delito es la Policía Estatal; no obstante, también están como autoridades presuntamente responsables las policías municipales, encabezadas por las de Zacatecas y Guadalupe, e inclusive la Policía de Investigación.
Pese a estos señalamientos, la fiscal precisó que “no quiere decir que estamos presumiendo la culpabilidad de nadie porque estamos respetando el principio de presunción de inocencia y esperamos las determinaciones judiciales o que se determina ministerialmente si existen o no elementos para continuar con la investigación”.
En cuanto a los resultados de las carpetas que ya han sido concluidas, Vázquez González expuso que hasta el momento en ninguna se ha determinado que haya existido tortura por parte de las corporaciones hacia la persona detenida, pero sí hay casos en los que podría haberse presentado abuso de autoridad.
En ese sentido, agregó que “si no encontramos los elementos específicos del delito de tortura o una de las otras modalidades lo canalizamos por incompetencia a servidores públicos para que investigue un probable abuso de autoridad, porque también puede haber un exceso en algunas actuación de corporaciones policiacas”, aunque sin llegar a constituir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Debido al alto grado de especialización que se requiere para investigar este tipo de delitos, dijo la fiscal, estas indagatorias son procesos lentos en los que se debe “desglosar la situación concreta que vivió la persona, se hacen pruebas psicológicas, pruebas médicas y son analizadas por el Ministerio Público para que en su momento lo pueda resolver un juez y aplique la sanción correspondiente en caso de que se determine alguna responsabilidad”.
