■ Se espera a finales de este año tener fondos para construir celdas adecuadas: Tránsito
■ Buscan replicar el modelo de Programa Alcoholímetro aplicado en la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León
Oswaldo Caldera Murillo, director de Seguridad Vial, mencionó que se espera que a finales de este año se pueda contar con el recurso para la construcción de celdas que se utilizarán dentro del Programa Alcoholímetro, dentro de la estrategia de replicar el modelo de este operativo de la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León.
“Tenemos que modificar el reglamento para justificar el arresto, que puede dejarse en 8 horas. Adecuar el Bando de Buen Gobierno y gestionar el recurso para construir las celdas y no violentar los derechos humanos de quienes sean arrestados. Me gustaría cerrar este año con la construcción de celdas y el procedimiento administrativo establecido”, indicó el director.
Aunque operativamente es similar, en el tema administrativo hay diferencias. Puntualizó que en aquella ciudad la diferencia radica en que se cuenta con un equipo sofisticado. Se utiliza una lámpara que marca verde o rojo a los automovilistas que van pasando. Y si se prende en rojo, detecta si quien conduce ha conducido alcohol.
Dijo que esto da la ventaja de que se detiene a quien ha consumido alcohol, y esto evita que la carga sea contra los agentes, que deben acercarse a percibir si quien conduce lo hace en estado de ebriedad.
Una vez que se detecta a alguien que ha consumido alcohol, se le envía a un consultorio médico donde se certifica el grado de alcohol que tiene la persona, con un aparato de alcoholemia.
Posteriormente se le envía con un juez calificador y en el área jurídica se levanta un acta en que se le detalla el motivo de su detención. De manera automática se le sanciona con 10 horas de arresto en el llamado “Cabrito”.
A partir de la novena hora se les da la opción de pagar la fianza y se deja salir a partir de las 8 horas. Se obtiene la liberación después de pasar a una sala para recibir una hora de plática de alcohólicos anónimos y una hora de charla de cultura cívica.
Luego, en una sala de juicios orales, donde se hacen juicios sumarios de manera breve, el juez que dicta sentencia da la opción de conmutar la pena. Es decir, si la multa es de 41 mil pesos, como se cobra en aquella ciudad aproximadamente, el imputado puede conmutarla con servicio comunitario.
Se trabaja con cerca de 7 y 8 dependencias en este sentido. Cabe señalar que el detenido no tiene opción de escoger en que dependencia realizará el servicio. Sino que puede ser enviado, por ejemplo a obras públicas, para pintar guarniciones. Una vez conmutada la pena, la dependencia notifica que se cumplió con el servicio comunitario.
Caldera dio algunos datos que se tienen de este operativo en aquella ciudad, y que se implementó hace 4 años, que del 100 por ciento de las multas se han cumplido todos los arrestos. Y el 98 por ciento de éstos no han vuelto a ser sancionados mediante este operativo.
Asimismo, 78 por ciento de las personas que consumieron alcohol al manejar, han conmutado su sanción. En 4 años solamente se han tenido seis juicios de amparo. De los cuales, 5 se resolvieron a favor y uno está pendiente.
De 642 puestos de revisión que se han implementado, no se han recibido quejas de derechos humanos. Solamente el 1 por ciento de los accidentes está relacionado con el consumo de alcohol.
En el 2016 solamente se registró el fallecimiento de dos personas relacionadas con el consumo de alcohol, en 2017 sólo se registró una muerte. En 2018, de enero a abril fueron 26 y de enero a abril de este año, se han contabilizado 17, es decir se redujo un 33 por ciento la incidencia.
