El primero de julio del año 2018, 30.1 millones de mexicanos utilizaron su voto para expresarse en favor del cambio. Fue una manifestación masiva de la indignación y el hartazgo de la ciudadanía ante la crisis de inseguridad pública y de violencia; ante la corrupción y la impunidad que estimulan los crímenes y fomentan el enriquecimiento ilícito; ante la creciente pobreza, marginación, polarización social y emigración de más de 13 millones de mexicanos que se han ido al extranjero durante las últimas tres décadas y media en busca de empleos que no encuentran en nuestra patria, debido a la obcecada aplicación de una estrategia económica claramente fracasada en términos de crecimiento del producto nacional y del bienestar de la mayoría de los mexicanos.
No sólo extraviamos el camino del desarrollo, también sufrimos un fuerte deterioro del bienestar de las mayorías nacionales. Durante el periodo 1983-2017, los salarios mínimos perdieron el 69.1 por ciento de su poder de compra, los salarios contractuales en las ramas de jurisdicción federal sufrieron una caída real de 63.6%, y los ingresos medios de los campesinos se redujeron más de un tercio en términos reales; se agigantó el empleo informal hasta incluir al 56.9 por ciento de los ocupados; y más de treinta millones de mexicanos cayeron en la pobreza. Nos enfilamos así hacia una grave pérdida de cohesión social, cuyas manifestaciones son cada vez más alarmantes.
El voto fue la expresión de la esperanza en la restauración de la cohesión social y de la convivencia justa y digna entre los mexicanos, lo cual exige un magno esfuerzo de inteligencia colectiva, de buena fe y de convergencia de voluntades para encontrar los caminos viables de un México mejor. Requerimos conjuntar esfuerzos para formular un sistema integral de políticas públicas capaces de superar el pobre y errático desempeño mostrado por la economía mexicana durante las últimas décadas, fortalecer la cohesión social de nuestra nación y abrir los cauces de un desarrollo sustentable, incluyente, equitativo y democrático.
Para reconstruir la cohesión social de nuestra nación y avanzar hacia niveles superiores de desarrollo, son indispensables dos esfuerzos magnos pero económicamente viables: 1) lograr la plena inclusión de todos los mexicanos en las tareas y los beneficios del desarrollo; 2) que el Estado mexicano cumpla cabalmente su mandato constitucional de garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.
Para ello se requieren políticas de empleo digno, distribución del ingreso y superación de la pobreza y hacer realidad el Estado democrático de derecho en el mundo laboral. En lo inmediato se requiere ampliar el programa Prospera en las zonas urbanas, donde está creciendo la pobreza, eliminando las condicionalidades que suponen la inversión de tiempo de las mujeres, y triplicar las bajísimas transferencias de Prospera en las comunidades rurales sin escuela y/o sin clínica que en una alta proporción son indígenas. A mediano plazo, hay que reflexionar sobre la desaparición de Prospera y su sustitución por la institución gradual de un ingreso ciudadano garantizado, cuya viabilidad económica se evidencia en el hecho de que otros países con un PIB per cápita menor del que actualmente tiene México, instituyeron, en su momento, modelos muy avanzados de Estado de bienestar.
