El poder judicial ante el proceso electoral: responsabilidad histórica

El poder judicial ante el proceso electoral: responsabilidad histórica

Este será uno de los procesos electorales más complicados de la historia reciente de México. Apenas inicia y ya hay indicios que permiten pronosticar un evento sucio y tramposo. Todos los vicios estarán en juego, todas las trampas y todos los tipos de agresión: desde mentiras virales, condicionamiento de medios de comunicación, hasta amenazas y extorsiones. Es probable que sea un escenario donde no sólo estén presentes la totalidad de los delitos electorales conocidos, sino que conozcamos nuevos tipos. Y las autoridades electorales son ineficientes, ineficaces y extremadamente lentas: hace poco que conocimos que en el 2012 el PRI violó la ley por el uso de recursos ilícitos. Se descubrieron empresas fantasma y la compra de representantes de casilla. Si las matemáticas no nos fallan, han pasado seis años desde entonces. Es decir, ilícitos electorales para establecer la administración de este sexenio, se conocen cuando el sexenio ya prácticamente terminó. Es decir, son juicios para la historia, no para el caso presente.
Algunos analistas calculan que los partidos usan hasta cinco veces más recursos en sus campañas que los que tienen legalmente autorizados. No un 30 o un 50 por ciento más, sino un 500 por ciento. Este monto es imposible que las autoridades no lo puedan detectar. Lo cual indica que están involucradas en las contiendas a favor de los candidatos oficiales o los que tienen el poder económico para rebasar de esta manera el tope de gastos de campaña. Junto a esto, viene el desvío de recursos públicos a favor de algún candidato (el oficial o del gobierno en turno). La denuncia actual del gobierno de Chihuahua y el descubrimiento del fraude con las tarjetas de los damnificados de los sismos, hace pensar que no hay ningún límite ético posible. Si el dolor de los mexicanos que perdieron su hogar no les importó para recaudar dinero que se destinará a multiplicar el delito electoral, nada lo hará; porque muy probablemente ese dinero se convertirá en dadivas para dárselos a los pobres, pero a cambio de su voto. Es decir, estamos ante meta-delitos electorales, que (como vemos) ya no son sólo de carácter electoral: rebasan con mucho ese tipo penal. Ya en plena contienda las agresiones directas serán brutales, sólo esperamos no toparnos con el crimen o un magnicidio. Ya lo vivimos en 1994, no hay motivos para pensar que ahora no tendrá lugar.
Como observamos el escenario que ya inicia, pone al poder judicial ante un reto enorme: ¿sabrá responder al mismo? Y aun mejor: ¿tiene la disposición de enfrentar esos retos con objetividad o lo veremos tomar partido? La desconfianza copetea el vaso ciudadano, se derrama. Estaremos atentos reportando el comportamiento del poder judicial en este proceso electoral, es vital que actúe para contener los vicios que, como ensordecedora catarata de demonios, puedan manchar la contienda electoral, y con ello, llevarnos a conflictos muy delicados. En su poder está que este proceso se mantenga en la mesa y no se convierta en un caos sin posibilidad de prever su desenlace. Ahora tiene un reto que se resume en una palabra: responsabilidad histórica.

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