He venido sosteniendo, y sostengo, que las instituciones liberales de la democracia constitucional son el modelo, aún, idóneo para el autogobierno en el mundo, puesto que, aún con sus fallas cada vez más patentes, están diseñadas para responder a la pluralidad con cierta imparcialidad y, con un sentido social básico, con equidad. Sin embargo, es necesario reconocer que pareciera que están en retirada, luego de haberse separado del Estado de Bienestar. Ésta es, sin duda, una de las razones por las que están sufriendo del desapego que tuvieron en su auge y surgimiento, pues, habrá que recordar que la democracia sin una sólida base de derechos sociales garantizados y ejercidos, no es sino un medio de legitimización del mando por parte de élites y grupos reducidos, que por lo visto, tiene un desempeño más bien mediocre.
En México, como en general en América Latina, hemos tenido instituciones más bien deficientes y excesivamente burocratizadas, con arreglos jurídicos que son laberínticos e imposibles de sortear con prontitud. Todo lo anterior contribuye no solo a la desconfianza en ellas, sino al tedio de tener algún trato o experiencia con sus trámites y servicios, lo que a su vez provoca un alto índice de incidencia en la informalidad, el acuerdo extralegal y la corrupción.
No quiero obviar que todo ello no es característica intrínseca de las instituciones, sino de una burocracia cuya capacidad de innovación y criterio ético están muy por debajo del requerimiento básico del deber ser.
Frente a una escalada de violencia, corrupción e impunidad, sin el menor freno a la creciente desigualdad y la cada vez más terrible ausencia de cohesión social, hay una sensación de naufragio en ambas partes de la ecuación: la ciudadanía recorre decepcionada las ilusiones que puso en la democracia prometida y la clase política cuestiona constantemente qué es lo que le exige esta época que ha superado todos los esquemas teóricos previstos y trae cada día una novedad que es imposible de sortear con la visión tradicional del Estado eje y rector.
Ninguno de los elementos ha entendido del todo que ésta no es democracia sustancial, ni por la que se esforzaron generaciones durante décadas sino muy apenas electoral (y eso el día de la elección); tampoco se acaba de comprender que no son estos los tiempos que permitieron a otros países control social y gobernabilidad, con un Estado fuerte, omnipotente, de determinaciones y decisiones unilaterales. No es la democracia a la que aspiramos porqué simplemente nuestra clase política y gobernante no termina de comprender a bien qué es vivir en un sistema que no solo permite, sino que considera como indispensable, la deliberación, la rendición de cuentas, la transparencia, el diálogo y comunicación plurales y la permanente exposición mediática; no son los tiempos que antes permitieron al Estado regir sin competencia, porque hoy existen entes o poderes superiores a él, sino en lo general, si en lo particular: en determinadas franjas de territorio o en ámbitos en los que la competencia estatal no alcanza, ni sus capacidades institucionales; aunado a una sociedad híper-informada, con medios a su alcance que sustituyen a los tradicionales y sobre todo, que ha comprendido que la relación Gobernante-Gobernado, no es de súbditos, sino de responsabilidades, obligaciones, respeto y diálogo.
La solución no es tan compleja como pareciera apuntar el diagnóstico: basta hacer una fórmula de experiencia política con innovación social y pública; es decir: insertar en el ámbito del servicio público, la idea de que, así como la sociedad día con día evoluciona y se transforma, el Estado debe hacerlo a la par, utilizando para ello la capacidad de sus operadores para innovar y construir nuevas alternativas y vías de funcionamiento.
Con un marco jurídico menos formalista, que delinee criterios básicos y contenga ejes sustanciales, que permitan la observancia irrestricta de los principios constitucionales, la posibilidad de innovar y redescubrir otros caminos para la solución de conflictos, es posible. Es momento de un nuevo institucionalismo, que tal como sucedió con la propuesta del neoconstitucionalismo, deje la rígida estructura formalista y reglamentaria, y retorne a la idea principalista, en la que sin dejar la legalidad y cuidando un estricto respeto a los medios y valores constitucionales, permita otras respuestas institucionales, a nuevas y cada vez más complejas, cuestiones sociales.
@CarlosETorres_
