El Estado mexicano ha creado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) para administrar todo lo relacionado con la comunicación mediante los maravillosos instrumentos tecnológicos a nuestro alcance. El otorgamiento de concesiones para explotar frecuencias de radio y televisión es una de sus funciones más importantes contenidas en la ley federal de la materia. La ley también prescribe que existen tres tipos de concesiones: las destinadas a las instituciones estatales, las de carácter comercial y las destinadas a las asociaciones civiles o comunidades indígenas que producen contenidos relevantes sin buscar lucro alguno. Un ejemplo de concesión del primer tipo es la obtenida recientemente por Gobierno del Estado y que pronto se materializará en un nuevo canal local de televisión abierta, que se sostendrá con los recursos públicos que el Poder Legislativo le asigne. Y todos conocemos los canales de televisión comerciales que funcionan gracias a las concesiones otorgadas precisamente para que los beneficiarios comercialicen sus emisiones. Mientras que en esta entidad no tenemos la experiencia de las emisoras a cargo de la sociedad civil sin afán de lucro.
Recordemos que mediante las concesiones el Estado distribuye bienes que son de eminente interés público: la capacidad de transmitir por el espacio electromagnético información, conocimiento, valores y la pluralidad de opiniones. En este caso, y en la realidad mexicana, acontece una perversión originaria: el Estado ha renunciado a tener un canal abierto de televisión de alcance nacional de manera que tiene que pagar a empresas privadas de cable para que el público acceda al canal del congreso donde se muestra la vida de las cámaras de los representantes populares, mientras que los canales privados si son de acceso público, son canales de televisión abierta. Pero la mayor contradicción en que está incurriendo el (Ifetel) está en el otorgamiento de concesiones de frecuencias reservadas para las asociaciones civiles sin fines de lucro, a empresarios que ya son concesionarios de frecuencias de radio y televisión abiertos y de cable con carácter comercial. Si las frecuencias destinadas para el uso de la sociedad civil se trasladan a particulares se generarán problemas importantes, por ejemplo ¿Cómo justificar que se prefiera a los grupos de interés privados antes que a la Universidad zacatecana? La UAZ debe tener un canal de televisión y una radiodifusora para que pueda cumplir con su misión de divulgar conocimiento y difundir la cultura, mientras que los canales privados nunca harán eso.
Así las cosas, la sociedad zacatecana deberá estar muy pendiente de que la televisora estatal que se está instalando nunca pierda su carácter estatal para ser un instrumento del gobierno en turno y, menos aún, de algún interés privado y que en poco tiempo adquiera las capacidades necesarias para generar sus propios contenidos. Pero también deberá dar las luchas que sean necesarias para que el Ifetel corrija su error y asigne las concesiones reservadas para uso social, a verdaderas asociaciones civiles interesadas en enriquecer los contenidos informativos y culturales que recibe el pueblo zacatecano.
