El proceso electoral que culminará con la elección de los 500 diputados federales que integrarán la Legislatura LXIII, cuyo mandato iniciará el primero de septiembre de 2015 y terminará el último día de agosto de 2018, se encuentra en la etapa de selección de candidatos por los partidos políticos. En ocasión del registro de sus precandidaturas, varios de ellos contestaron preguntas de los representantes de los medios de comunicación sobre las razones de su decisión de participar, destacando las que se refieren a su deseo de apoyar el proyecto de Miguel Alonso Reyes, los que desean “bajar recursos federales”, y alguno agregó su deseo de fortalecer la gestión de Enrique Peña Nieto. Desde mi punto de vista, respuestas de ese tipo son indicadores de que algunos de los precandidatos tienen algún tipo de confusión sobre las funciones que desempeñarán si logran obtener más votos que sus adversarios. Por ello creo que es pertinente contestar hoy la pregunta ¿Cuáles son las funciones de los diputados federales?
Para iniciar, recordemos algunos fundamentos constitucionales. El artículo 39 de nuestra Carta Magna establece que “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo…”; el 41 prescribe que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores…” y el 51 define que “La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años…”. Lo primero que salta a la vista es que el primer domingo de junio elegiremos representantes de la nación, no de Zacatecas, mucho menos de un distrito. La elección de 300 diputados de mayoría relativa en igual número de distritos, y de otros 200 en cinco circunscripciones regionales, sólo es una manera concreta de organizar la elección, pero igualmente podríamos elegirlos de una sola lista nacional de 500 candidatos y el principio de representación proporcional, o su contraria, la elección de la totalidad de ellos en distritos de mayoría. El resultado final sería el mismo: tendríamos 500 representantes de la nación mexicana.
Los 500 diputados en su conjunto representan al conjunto de la nación e integran uno de los poderes, el Legislativo, mediante los cuales el pueblo ejerce su soberanía. Cada diputado será integrante de la rama legislativa del gobierno de la República, no de un estado en particular. Conviene recordar también que el artículo 73 de la Constitución del Estado de Zacatecas define con claridad que es el gobernador quien representa al Estado ante la Federación y sus partes integrantes, y que esa función sólo la puede delegar en las personas que la propia norma indica, entre las cuales no está ningún integrante del Congreso de la Unión, lo cual parece muy razonable.
De lo anterior se desprende que durante las campañas los candidatos deben mostrar sus conocimientos sobre los problemas nacionales, sobre su desarrollo histórico y sus perspectivas, así como su posición ante los asuntos de actualidad. Los debates deberían ser espacios para mostrar su visión sobre el país que contribuirán a gobernar, y los intereses sociales que apoyarán con los votos que emitirán ante los proyectos legislativos sometidos a su consideración. En especial deben decir claramente si intentarán cambiar el rumbo económico neoliberal vigente desde 1982, o si apoyarán su continuidad. Ese es el debate dominante hoy en Estados Unidos, en Europa y América Latina, y sería una verdadera lástima que siga ausente en los procesos electorales de México.
En un país donde la descomposición de las instituciones por la corrupción desbocada es la primera preocupación de los mexicanos y de los observadores extranjeros, se torna fundamental la función de control del Poder Legislativo sobre los otros poderes. La revisión rigurosa y detallada de las cuentas públicas de todas las instituciones que ejercen recursos federales, así como la capacidad de citar a comparecer a muy distintos servidores públicos, son funciones que hasta hoy han sido ejercidas de manera que propicia la simulación, generando una realidad lamentable: el Poder Legislativo mexicano no ejerce a cabalidad su función de control, lo que ha deformado desde sus cimientos la arquitectura institucional de la República. Los nuevos diputados deben responsabilizarse de ejercer con responsabilidad esa vital función, sin importar las pertenencias partidarias de los sujetos sometidos a control.
Ante las varias acusaciones de tráfico de influencias dirigidas contra el propio titular del Poder Ejecutivo y otros altos servidores públicos, se ha actualizado la iniciativa presentada en varias ocasiones para eliminar la inmunidad presidencial y el fuero de distintas autoridades a todos los niveles y órdenes de gobierno. Es un asunto que no debe estar ausente del debate electoral, así como el relacionado a la propuesta de sistema anticorrupción que pretende dejar en manos del Poder Ejecutivo la designación de los funcionarios responsables de esa función.
Pero el principal compromiso que deben hacer es no olvidar que el poder que ostentarán es delegado por el pueblo para que se utilice en su beneficio, para incrementar gradualmente el bienestar de todos los mexicanos.
