En Zacatecas hay 8 sitios “potencialmente contaminados” por la minería: autoridades

En Zacatecas hay 8 sitios “potencialmente  contaminados” por la minería: autoridades

■ Según estudio de Semarnat y otras instancias, la capital del estado tiene 3 focos de riesgo

■ Hay puntos de atención en Vetagrande, Sombrerete, Mazapil y Melchor Ocampo, explican

En Zacatecas hay identificados ocho sitios “potencialmente contaminados” a causa de la actividad minera, según los datos recabados por el Sistema de Información de Sitios Contaminados (Sisco).

Esta cifra se expone en el Estudio Previo Justificativo elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras instancias de carácter ambiental, con el objetivo de obtener la declaratoria del semidesierto zacatecano como Área Natural Protegida (ANP) en la categoría de Reserva de la Biósfera.

Estas zonas consideradas como pasivos ambientales se encuentran en el municipio de Zacatecas, con tres focos de riesgo; en el de Vetagrande, con uno; en Sombrerete, otro más; y los tres últimos están en localidades de Mazapil y Melchor Ocampo, que son dos de las zonas que se pretenden incluir en la declaratoria de ANP.

En el estudio, cuya investigación data del año 2009, se expone que los sitios potencialmente contaminados en Mazapil corresponden a las explotaciones que se hicieron en la Minera Rosicler, y en Minera Peñasquito Gold Corp, en la parte denominada La Negra, mientras que en Melchor Ocampo se trata de la Minera Noche Buena, conocida como Mina Nuevo Mercurio.

Las autoridades advierten en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que “durante la visita de campo Peñasquito se encontraron en trabajos de exploración para su posible reactivación” la Minera Noche Buena, que “estaba reportada como abandonado, sin embargo se encontraron en 2009 equipo de bombeo, tuberías y pequeños jales nuevos”.

Asimismo, se menciona que las labores de reactivación se encontraron también en la Mina Nuevo Mercurio, donde “se requirió la contención de residuos tóxicos expuestos”.

Precisamente esta última ubicación se expone como ejemplo de “la situación socioeconómica de las poblaciones locales una vez que ha cesado la actividad minera, que puede llevar al abandono de los poblados pequeños, la temporalidad de la actividad minera y las externalidades que se causan”.

No obstante, el documento precisa que en la actualidad existe normatividad específica que regula la situación de las explotaciones una vez que se concluyen las actividades y agrega que “es necesaria la vigilancia del cumplimiento”.

Antes de realizar estas precisiones, se enumeran los “efectos adversos” de la minería. En este sentido, se expone que los impactos directos son la generación de polvo en concentraciones elevadas, que “tienen consecuencias de salud pública para los trabajadores de la mina y personas que vivan en centros urbanos cercanos a la explotación”; así como la emisión de gases “tóxicos al ser inhalados por las personas y en combinación con la precipitación forma la lluvia ácida”.

De igual forma se mencionan los “efluentes químicos” y el ruido que “afecta principalmente a quienes trabajan en la mina y sus instalaciones”.

En cuanto a los impactos indirectos se señalan la generación de empleos, la creación de desigualdad entre los vecinos de las localidades cercanas a las minas, la situación en la que quedan las poblaciones al concluirse una explotación, la modificación del paisaje, el cambio de uso de suelo, la sobreexplotación de recursos, la infraestructura, la modificación del entorno social, económico y cultural.

También se desglosan los efectos negativos que causa esta actividad económica sobre las aguas superficiales y subterráneas. En estas últimas, precisa el estudio, los impactos están “directamente relacionados con la evacuación de las aguas de las explotaciones, con el tratamiento de los minerales y con el flujo de aguas de mala calidad hacia acuíferos”.

En el estudio se informa que, durante el año 2012, en el estado hubo 10 denuncias ambientales registradas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la mayoría en Mazapil, pero también en Melchor Ocampo, Francisco R. Murguía y Villa de Cos.

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