Propuestas ideológicas buscan dar una solución al sector energético mexicano

Propuestas ideológicas buscan dar una  solución al sector energético mexicano

■ Coinciden participantes en la falta de inversión en la generación de energías alternativas

■ México se convertirá en poco tiempo en importador de petróleo, advierten especialistas

En el segundo programa de Synergia, producido por La Jornada Zacatecas TV, dedicado al análisis del sector energético mexicano y su relación con la reciente propuesta de reforma planteada para el mismo por Enrique Peña Nieto, fueron enfrentadas las dos posturas ideológicas que se debaten como solución a la viabilidad energética del país.

Por un lado, se argumentó la necesidad y hasta el derecho de la iniciativa privada de intervenir en la inversión y posterior goce de la renta petrolera, y en oposición y coincidente con la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas a la que se ha sumado Andrés Manuel López Obrador, se defendió la propiedad nacional y estratégica de los hidrocarburos mexicanos.

Ambas posiciones coinciden en la necesidad de una mayor inversión en el sector, la generación de energías alternativas en el país ante el escenario del agotamiento de los yacimientos petroleros y la autonomía financiera de Pemex.

En el escenario planteado para este debate por Marco Torres Inguanzo, conductor de Synergia, se ofreció como dato el caso de Canterel, yacimiento cuya producción pico estuvo en el orden de los 3.5 millones de barriles diarios y que inició su debacle en 2004. Sus costos de extracción se han elevado de los 4 a los 12 dólares por barril. Comparativamente añadió que en la actualidad la totalidad de los yacimientos petroleros mexicanos suman en su producción apenas los 2.5 millones de barriles diarios.

Agregó como otro ejemplo la extracción en Chicontepec, que con inversión en nuevas tecnologías denominadas de pozos horizontales, pasó de los 9 millones de barriles diarios a una producción de 50 barriles por día.

Torres Inguanzo agregó que según los cálculos de la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026, propuesta por la Secretaría de la materia, existe la necesidad de invertir en este periodo, 32 mil millones de dólares para lograr una producción petrolera óptima en México
Este propósito mantiene ya un déficit de 12 mil millones de dólares, mismos que son los que se discute deben provenir de la iniciativa privada (IP) no sólo nacional sino extranjera, o bien, de la reestructuración de Pemex como empresa autónoma con modificaciones a su régimen fiscal, y aún, se planteó, de las reservas de divisas internacionales que mantiene el Banco de México –Banxico-, estimadas actualmente en el orden histórico de los 140 mil millones de dólares.

Luis Medina Lizalde, comunicador, ex diputado federal y presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Zacatecas, defendió la necesidad de mantener el dominio estatal sobre los recursos naturales y concretamente los hidrocarburos.

Sostuvo la factibilidad de que la inversión para la modernización tecnológica de Pemex y los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos en México provengan de las reservas internacionales custodiadas por Banxico o bien de permitirle su autonomía financiera. De igual manera defendió la calificación de los técnicos mexicanos para realizar este proceso.

Sostuvo que la reforma energética propuesta por la Presidencia de la República y apoyada por el Partido Acción Nacional obedece a los intereses de los Estados Unidos y se sustenta en las políticas del denominado Consenso de Washington que ha representado a nivel mundial la imposición de políticas privatizadoras, mismas que actualmente están en retroceso.

Como ejemplo expuso que sus principales impulsores, Estados Unidos e Inglaterra, ofrecieron ante la crisis económica de 2008, soluciones como la nacionalización de la banca. 

Asimismo, argumentó que más de 90 por ciento de las reservas probadas de hidrocarburos en el mundo “ya están en empresas estatales” y aseguró que éstas son “infinitamente” más exitosas en su manejo de los recursos que las dirigidas por la IP, incluyendo a Pemex, cuyos costos de producción son inferiores a los de las empresas trasnacionales, “aún con todo y corrupción”.

Advirtió el peligro de debatir sobre premisas falsas y aseguró que la paraestatal no está en crisis financiera como se ha hecho creer.

Medina Lizalde cuestionó el “culto ideológico al interés privado” que no se verifica en “la realidad” y  agregó que la iniciativa privada mexicana se ha dejado manipular al convertirse en abogada de la trasnacionalización del país en contra de sus propios intereses.

Trajo a colación el crecimiento económico que desde la nacionalización del petróleo se produjo en México, señalando que el mismo se prolongó hasta la década de los años 70 del siglo pasado, periodo en el que  el Producto Interno Bruto (PIB) llegó de manera continua y sistemática por encima de 6 por ciento anual y en ello sustentó el beneficio aún para la IP de conservar el petróleo bajo dominio estatal. 

Victor Hugo Galicia Soto, docente de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien funge además como comentarista económico y financiero en diversos medios de comunicación, expresó como una necesidad imperiosa el que México se inserte en la dinámica de la globalización y se manifestó por que se realice un análisis estrictamente financiero “quitando la parte política” para conocer la problemática del sector energético.

En caso de que la paraestatal no tenga capacidad para realizar por sí misma trabajos de exploración, extracción y refinación agregó, hay que dejarle a la iniciativa privada el “total manejo de ello”.

Aseveró que no se ha tenido la capacidad de administrar los recursos energéticos y criticó el carácter petrolizado de la economía mexicana por lo que expresó como necesaria la búsqueda de fuentes alternativas de energía y se pronunció porque se le permita a la IP ofrecer soluciones al respecto.

Sobre esto último le fue señalado por Torres Inguanzo que desde la reforma energética de 1995 se liberalizó la generación de energías renovables, misma que no ha alcanzado desde entonces 2 por ciento, ya con la introducción de empresas privadas extranjeras como Shell, Chevron y Exxon, quienes importan el gas natural.

Galicia Soto señaló luego la baja recaudación de impuestos en el país como un problema que evita la posibilidad de que el Estado invierta en Pemex, para luego señalar que aunque se aumentara la base tributaria no alcanzarían esos recursos para hacerlo y responsabilizó al sindicato de la paraestatal de la incapacidad de la misma para la reinversión de recursos.

En opinión contraria a lo expuesto por Medina Lizalde afirmó que en México no se cuenta con la tecnología necesaria para la modernización de Petróleos Mexicanos, postura de la que después se retractó para comentar que la IP puede “dar un empuje” a la empresa “para apoyar lo que Pemex sabe hacer” pero con mayores índices de productividad y eficiencia, en caso de que como ya se propuso en la reforma hacendaria se modifique su régimen fiscal para lograr su autonomía financiera.

Ante la pregunta de por qué el Estado debería de retirarse del mercado de la refinación y la petroquímica cuando se ha comprobado que en el avance de la cadena productiva se obtienen mayores utilidades, Galicia cuestionó el que estas cifras correspondieran a utilidades netas y aseguró que si se hace un ejercicio de costo-beneficio “no somos rentables”.

Por el contrario expresó que si las cifras son correctas, la iniciativa privada “tiene derecho” y capacidad para invertir en estos procesos y argumentó que la IP puede “repartir o regar” esa utilidad a más gente.

Esto último fue cuestionado por Medina Lizalde al hacerle ver que como él mismo lo había asentado, la economía mexicana está petrolizada y eso implica que los recursos procedentes de Pemex, estimados en 40 centavos de cada peso que se ejerce como gasto público se han invertido para la construcción de escuelas, hospitales o pago de salarios, ejemplificó.

Ante esto el analista financiero refirió a la deuda externa como el medio por el que se han realizado este tipo de obras. Sin embargo, puntualizó que deben ser los legisladores quienes a partir de los argumentos que representan ambas posturas “y sin llevar agua a su molino” definirán el planteamiento final de la reforma energética.

La conclusión ofrecida por Torres Inguanzo subrayó a la industria petrolera como altamente rentable. Las dos posiciones enfrentadas, dijo, señalan por un lado como una especie de máscara la necesidad de obtención de nuevos fondos de inversión con el fin de desviar los beneficios de la renta energética hacia la IP,  mientras que la otra, sentencia que de no haber esa inversión privada, México se convertirá en poco tiempo en importador de petróleo.

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