■ El objetivo es seguir ruta de dinero de la ‘Estafa Maestra’
■ Asevera que a los imputados en esa triangulación de dinero, él y el ex responsable administrativo de la UPSZ, les falsificaron firmas para poder realizar el ilícito
En conferencia de prensa, Salvador Lara Martínez, ex rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), y su abogado, César Ambriz, solicitaron a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva a los bienes de José Guadalupe Estrada Rodríguez, otrora ex rector de esa institución y actual notario público, a fin de seguir la ruta del dinero de “La Estafa Maestra”.
Lara Martínez, quien es uno de los imputados en ese esquema de desvío de recursos, manifestó que “lo único que buscamos es que se sepa la verdad, que se investigue a los autores materiales e intelectuales de estos delitos y que se siga la ruta del dinero y no quede en la impunidad”.
Aseguró que a los imputados en esa triangulación de dinero, él y el ex responsable administrativo de la UPSZ, se les falsificaron firmas para poder realizar el ilícito, pues debían hacerlo a nombre de la universidad y en ese momento él era el rector.
En ese sentido, indicó que la Fiscalía General de la República ya dictaminó que su firma fue falsificada por “los operadores de los proyectos que tienen nombre y apellido: Nicolás Castañeda Tejeda y Guadalupe Estrada Rodríguez”, quien comenzó con la firma de esos convenios siendo rector de la UPSZ entre 2011 y 2015 y actualmente notario público.
Lara Martínez, quien ofreció su declaración vía remota, comentó él mismo y otros testigos han interpuesto denuncias formales contra esos personajes, pues fueron quienes operaron los convenios desde una oficina llamada Proyectos Estratégicos, la cual se estableció en un inmueble que es propiedad del propio Estrada Rodríguez.
Si las autoridades investigan la ruta del dinero y los bienes del propio Estrada Rodríguez y de Nicolás Castañeda Tejeda, “seguramente no podrán acreditar su riqueza” y de esa manera se dará a conocer la verdad de lo ocurrido con “La Estafa Maestra” en Zacatecas,
Ambriz, por su parte, indicó que tiene confianza en que, al momento de concluir el juicio, se obtendrá una resolución absolutoria hacia sus representados, pero reiteró que es necesario que se vaya más allá y que el caso no quede en la impunidad.
En la UPSZ se habla de un desvío de más de 400 millones de pesos, mientras que en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) cerca de 2 mil millones de pesos, por lo que “la Fiscalía debe ir al fondo de este asunto que es el desvío de recursos”.
Sobre la manera en que se hizo “La Estafa Maestra”, expuso que primero las dependencias emitieron convocatorias de proyectos, contrataron a universidades públicas, y estas subcontrataron empresas ‘fantasma’. En el caso de la UPSZ, se falsificaron firmas, se firmaron las firmas de la Rectoría, se hizo la cesión de derechos, y los entregables fueron trabajos copiados de internet.
En otro tema, Ambriz denunció que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas incurre en la fabricación de delitos en un caso particular en el que un joven de nombre Alejandro Acevedo Villarreal, quien lleva dos meses en prisión por supuesto secuestro de un menor de edad.
“La investigación que se realizó en este caso se deriva de un señalamiento de un menor de 15 años de edad y lo único que hay en su contra, para que esté recluido con prisión preventiva oficiosa de 4 meses, es que ese menor de edad dice haber sido secuestrado por una persona llamada Alejandro y que conducía una camioneta que jamás ha tenido mi cliente”.
Además, afirmó que la procuración de justicia está atendiendo a intereses particulares, en concreto de una persona de nombre Roberto Félix, de Calera, pero sin evidencia de que su representado haya tenido participación en ese evento.
Ambriz refirió que, en la aprehensión de su cliente, Roberto Félix presentó la orden de aprehensión en compañía de la Policía Ministerial, lo que significa que “lejos de actuar de manera autónoma e imparcial, la Policía Ministerial acude a llamados de particulares de la sociedad civil para capturar personas”.
