Mientras no se sepa a dónde los llevaron y cual fue su paradero, si viven todavía o ya los mataron, la herida de Ayotzinapa seguirá abierta. Pareciera ser un caso sobre el que nunca se conocerá la verdad. AMLO desde que era candidato prometió investigar hasta encontrar la verdad y hacer justicia a los padres de los normalistas y a la sociedad (al pueblo). Le queda un año como presidente y la verdad y la justicia siguen pendientes.
En la víspera de iniciarse el último año del actual gobierno, se cumplieron nueve años de la tragedia de iguala. Como es del dominio público, en la noche del 26/27 de septiembre de 2014, cuando la administración peñista en su narrativa comenzaba a levantar vuelo con sus reformas estructurales, ocurrió el secuestro y desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural, “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Gro. En ese suceso participaron autoridades municipales, policías y ejercito en connivencia con sicarios del Grupo “Guerreros Unidos” a los que facilitaron el plagio de los normalistas.
El hecho de que hayan participado en la ejecución del delito y posterior a este encubriéndolo o retrasando o no informando diligentemente con la verdad la investigación autoridades y órganos de diferentes niveles de gobierno; hacen de este delito un crimen de estado. Así lo denunciaron los normalistas y los padres de los desaparecidos desde un principio y justo este gobierno lo ha reconocido. De esto no hay dudas. El Subsecretario de gobernación y encargado de esclarecer el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, tras cumplirse el ultimo año de no saberse el destino de los estudiantes, en su último informe cita lo que para él es una conclusión: “…la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado; las autoridades tuvieron conocimiento de los movimientos de los normalistas desde su salida de la escuela y hasta su desaparición; las acciones y omisiones de esas autoridades permitieron su desaparición y no realizaron las acciones ni los protocolos para su protección” (en el Financiero, 28/10/2023). Así pues, tanto por omisión como por comisión esas autoridades de diferentes niveles protegieron y fueron cómplices de los actores del atentado.
Todo esto se sospechó, luego se infirió y terminó sabiéndose desde que Jesús Murillo Karam, el Procurador de Peña Nieto quiso calmar las aguas con su verdad histórica. Después de esta verdad histórica no ha habido muchos avances. Se han detenido, encarcelado y juzgado a algunos culpables que participaron directamente en la ejecución del crimen. El GEI investigó y rindió sus informes, pero se topo con la resistencia del Ejercito para éste permitiera conocer documentos e informes que resguarda y así llegar hasta lo último en sus pesquisas.
Encinas declaró que, aunque “no fue miel sobre hojuelas”, la Comisión para la búsqueda de la verdad que encabeza tuvo acceso a los documentos que resguarda el Ejercito. “…se abrieron todos los archivos”. ¿Todos? ¿En verdad fueron todos? ¿Y porque al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no se les permitió tener acceso a todos?
En la Normal de Ayotzinapa como las otras hermanas de su tipo, se estudia bajo un régimen de internado. A ellas acuden hijos de campesinos para quienes originalmente fueron fundadas, hijos de trabajadores y obreros, de empleados y de gente generalmente pobres. Aunque no faltan aquellos que ingresan por recomendaciones de funcionarios y políticos influyentes; quitando estas excepciones la aplastante mayoría entrar salvando un examen de selección. Son, por lo tanto, los internos, un alumnado de excelencia. En su quehacer cotidiano y en medio de una vida comunitaria en la que comparten comedor y dormitorios se desarrollan entre ellos lazos de amistad, cordialidad y camaradería. Son comunidades de pares que cultivan relaciones entre compañeros. Conviven en la toma de clases, talleres, actividades artísticas y la práctica del deporte. Junto a la academia también se da la educación política bajo una mezcla de ideologías socialista y nacionalista revolucionaria; después de todo las normales rurales son fruto de la Revolución Mexicana y sobre todo del cardenismo. Las movilizaciones y paros más frecuentes que realizan ocurren por la demanda del aumento del presupuesto de las raciones, reposición de enseres para los dormitorios, para viajes de practicas pedagógicas, mantenimiento o construcción de aulas o laboratorios. En esas jornadas de lucha comienzan por parar y cerrar los planteles, de ahí pasan a secuestrar autobuses de líneas foráneas, instalarse en plantones, marchar y bloquear carreteras y autopistas.
En este contexto ocurrió la tragedia de Iguala. El presidente municipal de entonces, al darse cuenta de la presencia de los “ayotzinapos” en su ciudad, creyó que en un acto de provocación fueron para boicotear el informe de su esposa como titular del DIIF. Andaban volanteando para reunir fondos y poder acudir a la celebración del ya próximo dos de octubre. Haya sido por confusión o mediante una acción concertada, se perpetro el ataque a los normalistas que viajaban en un autobús que habían tomado en la Central Camionera. Se die que en el se trasportaba droga, lo que dio lugar a que intervinieran sicarios de “Guerreros Unidos” considerando a los estudiantes como parte del cartel contrario de “Los Rojos”.
Los plagiarios junto con policías llevaron a cabo la su desaparición sin que hasta ahora se sepa cual fue su paradero y destino.
Vendría después la verdad histórica que pocos creyeron.
Para AMLO la participación del Ejercito en el crimen se concreta en casos aislados y aunque ha autorizado que se le investigue y revisen sus archivos, se sabe que no todos los expedientes han sido facilitados. Es aquí en donde surge la sospecha de se pudiera estar protegiendo y encubriendo a los militares. Como sospecha es que terminará su mandato y no cumplirá plenamente con su promesa de conocer la verdad y hacer justicia.
