Es lamentable que en la actualidad existan eminentes muestras de discriminación y de afectación al Interés Superior de niñas, niños y adolescentes en el Sistema Educativo Nacional; resulta imposible creer que quienes deben trasmitir valores, como el respeto y la tolerancia, no den apertura para que cualquier niña o niño sean tratados igualitariamente pese a tener alguna enfermedad o algún grado de discapacidad, situaciones que no justifican de ninguna manera, restringir sus Derechos Humanos Fundamentales. Ya en el Artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, impulsada por la UNICEF, se estipula que los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la citada Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Aunado a lo anterior, el Artículo 3°, inciso 1, del citado instrumento jurídico, establece que en todas las medidas concernientes a los niños y que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán atender como consideración primordial, el interés superior del niño. Lo anterior no puede considerarse letra muerta, pues estamos hablando de los seres más sensibles del planeta, los más importantes, aquellos que gozan además del derecho de prioridad, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminados, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, del Derecho a la inclusión. Todo esto vinculado con el Artículo 13 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, junto a todo aquello que debe prevalecer en el Sistema Jurídico Mexicano para que nuestra niñez y adolescencia se sientan plenos, como sujetos de derechos y en ejercicio pleno de los mismos. Toda esta retahíla de fundamentos legales son pasados por el arco del triunfo por algunos directivos, maestros, maestras y otros seres que se creen intocables, encumbrados, empoderados y que aprovechan los metros de trinchera escolar donde trabajan para pisotear y afectar a la niñez; sin embargo, ignoran que existen autoridades que nunca se prestarán a ser cómplices de tales muestras de barbarie, así se trate en apariencia la más prestigiosa institución educativa, pues a todas luces no lo son, por el contrario, se erigen como muros a la indolencia en fachadas adornadas. Me resulta imposible creer que tenga que ponerse en acción todo el aparato estatal para decirles a algunos docentes lo que deben saber desde un principio, lo que deben incentivar en el alumnado, lo que deben ejecutar como parte del sector educativo; será tal vez que esté fallando el proceso de selección de la planta docente o faltarán más actualizaciones en materia de Derechos Humanos Fundamentales o tal vez estén ingresando como directivos, trabajadores y docentes, personal sin los perfiles, ya que además tenemos casos de abuso sexual por personas que suelen filtrarse a donde precisamente se encuentra los seres más inocentes de la sociedad. Finalmente, el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha consagrado que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva; además, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojalá que todo esto sirva como punto de partida para establecer las mejores condiciones educativas para nuestra niñez y adolescencia.
