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viernes, 29 marzo, 2024
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¿A quién le rinde cuentas la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

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Por: BENJAMÍN MOCTEZUMA LONGORIA •

En apariencia, los ministros, magistrados y jueces, representan una élite de “iluminados” a los que les asiste la “verdad” jurídica (otros hablan de la verdad “histórica”) y la facultad privilegiada de castigar a quien se atreva a desacatar sus mandamientos. Por eso, hacer crítica de sus actuaciones y “razonamientos” se convierte en algo parecido a “un pecado”.

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Al igual que, en nombre de la “Ley de Dios”, un sacerdote puede aplicar castigos (penitencia) tras una confesión para perdonar los “pecados”; de la misma manera, los jueces pueden mandatar penas en nombre de la ley. Se trata de normas históricas creadas por la sociedad y no por los jerarcas de las iglesias o de la SCJN. En el primero, con el “argumento” fantástico de que fue dictada por una divinidad; y, en el segundo, resultado de la permanente confrontación económica, política, ideológica, social y cultural de la lucha de las clases sociales (por cuestiones de espacio no profundizaré sobre estos postulados).

La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha sostenido que no resuelve con intensión política, sino con estricto apego constitucional. Para ella, se trata de la defensa del Estado de Derecho. De sobra, la realidad mexicana ha mostrado ya no reconocer como ingredientes del Estado de Derecho (aunque siguen siendo el pan de cada día) el abuso, la prepotencia, el racismo, la corrupción, el despojo, el despilfarro, la antidemocracia, y muchos otros ilícitos, como la injusticia de liberar al delincuente pudiente que puede costearse los gastos de un abogado influyente, pagar fianzas y sobornos mientras el inocente pobre puede podrirse en la cárcel.

Ya no es un secreto que, en lo general, el Poder Judicial de la Federación, y sus réplicas en los estados de la República, fueron creando una práctica profesional obscura, a partir de las relaciones sociales y de poder económico y político, que los elevó como casta divina, desde donde pueden decidir, mediante el uso de las leyes (no necesariamente implica acto de justicia), una gran parte del futuro de los ciudadanos. A algunos los pueden hacer más ricos y, a la gran mayoría, más pobres y hasta privarlos de su libertad.

El trasplante del patrón de crecimiento económico neoliberal requirió de un poder público (ejecutivo, legislativo y judicial) alineado al saqueo nacional, favoreciendo a la gran empresa extranjera y a sus gobiernos, a la par dio la espalda a los intereses nacionales y, dentro de estos, a los populares con los estragos que ya he comentado.

De eso resultó que algunos fenómenos criminales (algunos aún no reconocidos como tales por ser “legales”) como la corrupción, la delincuencia organizada de cuello blanco, y también las altas percepciones económicas de muchos funcionarios públicos de los tres poderes, terminaran siendo asuntos estructurales del neoliberalismo. He reiterado que casos como el de la corrupción es una herramienta o método del neoliberalismo para acumular y concentrar, dentro y fuera del país, parte de la riqueza social.

Así se explica que muchos de los organismos públicos, algunos llamados “autónomos”, sólo sean aparatos al servicio del modelo neoliberal (eso significa al servicio de las oligarquías económicas de México y de las naciones imperiales) y que sus integrantes sean arropados con todo tipo de privilegios (por ejemplo, en la SCJN el Senado de la República les ha contabilizado 40 que, si fueran periodistas, se les podrían llamar “megachayotes”), empezando por sus escandalosos salarios de aproximadamente 500 mil pesos mensuales, sólo es una FORMA ENCUBIERTA DE CORRUPCIÓN, pero legalizados y protegidos y por su “Estado de Derecho”. 

Ese Estado de Derecho que dicen defender, como lo hicieron también los jerarcas del INE, ya no existe, pero se niegan a reconocer los cambios constitucionales que, al respeto, se hicieron en el artículo 127. En mucho, esa es la fibra sensible (la sed de más y más dinero que ya no es legal) que los tiene inconformes y los ha descarado como abiertos integrantes de la oposición (la derecha corrupta de México) con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero eso no lo es todo:

Diversos y emblemáticos casos de liberación de peligrosos capos del narcotráfico, los intentos de liberar a otros de cuello blanco, sumados a la emisión de cientos de amparos, redactados por ex ministros (pagados con recursos enviados de EE. UU. a la organización de “mexicanos contra la corrupción” de Claudio X. González), contra obras fundamentales para el desarrollo del país, nos habla de que la SCJN ya no está al servicio de la sociedad, sino de los grandes potentados del país y del exterior. Para conservar su “divinidad” ya se percibe su interés en desestabilizar al país, en nombre de la ley, igual que lo ya sucedido en Brasil, Perú, Bolivia, como mejores ejemplos.

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