El Poder Judicial en México no es un Poder emanado directamente de la voluntad del pueblo, sino que es electo mediante ternas que envía el presidente de la República al Senado, y éste, mediante el voto de las dos terceras partes, elije, de dicha terna, a los ministros que deberán cumplir dicha función, o en su caso, de no haber sido electos por el voto del Senado dentro de los 30 días siguientes en que se envío la terna, el Ejecutivo elije al ministro o ministros, así lo establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 96, las magistraturas de tribunales de distritito son electas por el Consejo de la Judicatura Federal y magistrados de tribunales locales, algunos electos mediante el voto de las dos terceras partes de las legislaturas locales y otros, según la materia, por el Congreso Federal.
En ese sentido, los ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados de los tribunales en el país, son electos gracias a la democracia representativa, es decir, el pueblo de México elije a sus representantes populares: diputados, senadores, gobernadores y presidente de la República, y estos con la facultad que les otorgó el pueblo mexicano, elijen a los representantes de otros poderes, mecanismo que en el deber ser tendría que ofrecer a Poderes que representen los intereses colectivos, en este caso, en el de la impartición de justicia, por supuesto que se trata de un interés del pueblo de México, puesto que ésta impacta directamente en la vida cotidiana del pueblo de México, al grado de que la impunidad que hoy vivimos en el país, y derivada de los problemas en la impartición de justicia, los criminales se sienten libres de cometer ilícitos, no se hable de políticos corruptos y de capos que quedan en libertad por la corrupción en el Poder Judicial, así como por las fallas en todo el sistema de impartición de justicia, incluyendo a las Fiscalías.
El debate que, actualmente, se vive en México en torno a la urgencia de reformar al Poder Judicial, es necesario para fortalecer a dicho poder; por una parte, algunos ministros de la Suprema Corte fungen, en la actualidad, como una oposición al Gobierno de la 4T, martillando facultades del ejecutivo, al declarar inválido el decreto mediante el cual se consideran las obras del tren maya como obras de seguridad nacional, así como intervenir en las decisiones y en las facultades del Congreso de la Unión al declarar inválidas reformas legislativas, todo con tal de equilibrar la balanza política en favor de la hoy oposición.
Una pequeña élite política de México busca hacernos creer que el Poder Judicial es un poder de élites al que sólo unos cuantos tienen acceso a los cargos; la repartición de cargos de ministros y magistrados de los tribunales se ha hecho alejada de los intereses del pueblo de México y se ha impulsado el reparto de cuotas, cuates y serviles a los intereses de los grupos políticos que mantienen mayorías en el Congreso o que obedecen a los intereses del Ejecutivo en turno, los hoy ministros fueron electos por los grupos políticos, durante sexenios anteriores, al grado de que hoy la presidenta de la Corte sostiene posiciones políticas contra el gobierno federal y el Congreso de la Unión, buscando menoscabar sus facultades para modificar leyes y métodos de elección de los Poderes del Estado.
La democratización del Poder Judicial, mediante mecanismos democráticos, que permitan al pueblo de México, elegir a quienes conformen dicho poder, fomentará y consolidará una democracia participativa en el país, reduciendo los actos de corrupción y erradicando el uso de dicho Poder como un contrapeso a otro Poder, centrándolo en su misión, que es la de impartir justicia, reduciendo la impunidad y acortando la brecha para acabar con la injusticia.
Magistrados, ministros y jueces defenderán los métodos de selección de sus encargos, algunos con argumentos sólidos y otros solamente por defender los mecanismos, mediante los cuales, ellos fueron electos para representar los intereses de la clase política en turno; Zacatecas es testigo del destino que se le ha dado al máximo Tribunal de Justicia para pagar favores políticos de otros encargos, el debate popular en torno a dicho poder debe ser impulsado por los ciudadanos, principales afectados por la falta de un Poder Judicial emanado de la voluntad popular, la impartición de justicia es un interés del pueblo de México, ¿por qué no permitir que los mexicanos elijan a quienes encabecen tan fundamental tarea?
