A 18 años de la explosión de Pasta de Conchos, los familiares de los mineros fallecidos reprocharon que el actual gobierno no cumplió su promesa de rescatar los cuerpos y no ha tomado medidas de no repetición.
En la Ciudad de México, los deudos recordaron la tragedia con una misa en el antimonumento +65, en la avenida Reforma, donde el obispo Raúl Vera dijo que la administración federal se quedó a medias en el cumplimiento de sus compromisos.
Resaltó que el gobierno contrató a quien no podía hacer la recuperación de los restos. “Creo que buscaban economizar. No lo sé, pero no fueron capaces de poner a personas con experiencia” en este tipo de asuntos. “Mucha irresponsabilidad”, reprobó.
Mientras en Múzquiz, Coahuila, familiares y amigos de los trabajadores fallecidos participaron en la misa anual, en el acceso a la mina siniestrada, que ofició el sacerdote Hermenegildo Villalpando Gómez, titular de la parroquia Santa Rosa de Lima.
Durante la ceremonia, el mensaje fue en dos vertientes, rogar por la paz y la tranquilidad para los parientes de las víctimas, así como reiterar el reclamo de rescate; prendieron 63 veladoras en memoria de los obreros y se hizo el pase de lista con sus nombres y apellidos.
En la capital del país, Raúl Vera apuntó que la administración vigente ha hecho más que otras, pero no lo que tenía que hacer. El Presidente prometió que iba a recobrar los restos de los mineros y “no lo hizo, ese es un hecho, ahí no hay vuelta de hoja”.
El obispo emérito de la Diócesis de Saltillo, integrante de la Teología de la Liberación, insistió en que el Ejecutivo federal puso al responsable de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las tareas de rescate y “resultó lo que resultó. Una de dos: por ineptitud, porque no tenía asesores que le dijeran lo que tenía que hacer, o de plano porque lo hizo de mala gana. Cumplió a medias, al ahí se va”.
En Múzquiz, Coahuila, familiares de los mineros fallecidos participaron en la misa anual, en el acceso a la mina siniestrada. Foto Nilda Treviño
Vera abundó que esperaba cambios mucho más fuertes y no se dieron, al enfatizar que se necesita realmente un sentido de responsabilidad para hacer las cosas.
La organización Familia Pasta de Conchos informó que, acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, seguirá impulsando un litigio contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante el cual se busca que dé respuesta a las demandas de las familias y se responsabilice por las violaciones a las garantías individuales cometidas en el caso.
Esto no sólo por el incumplimiento en el rescate, sino por la falta de derecho a la verdad y justicia y al hecho de que no se han tomado medidas de no repetición durante esta administración.
La agrupación señaló que en el pasado encuentro que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con las familias se comprometió a que, de no acabar la recuperación de los cuerpos en su gestión, como se puede prever por los retrasos de la CFE, él propondría la promulgación de un decreto acompañado de un fideicomiso el cual permita continuar con las labores hasta tener los restos de los 63 mineros sepultados.
El obispo pidió que dicho fideicomiso sea presentado a los deudos en la próxima reunión con el mandatario federal, prevista para abril próximo.
Criticó las condiciones en las que se hacía trabajar a los mineros en Pasta de Conchos y que el dueño del yacimiento, Germán Larrea, del Grupo México, se daba el lujo de decir que sus empresas producían al menor costo. “¿De qué?”, se preguntó, “De dinero pero al mayor costo de sangre”, respondió él mismo.
Justo ayer, a 18 años de la tragedia, falleció Alicia Pecina Carrizales, cuyo esposo Jorge de Hoyos Márquez permanece atrapado en la mina desde el 19 de febrero de 2006.
