“La Estafa Maestra”, mediante la cual dependencias federales triangularon miles de millones de pesos con instituciones de educación superior y empresas “fantasma”, muestra que las universidades, ante la escasez de recursos, se ven obligadas a participar en esas prácticas convencidas de que es legal, y también que “hay delincuentes enquistados” en ellas, opinaron especialistas.
Hugo Aboites Aguilar, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), expresó que “La Estafa Maestra es muy lamentable, pero primero habría que establecer los hechos, qué tanta responsabilidad tuvieron las instituciones. Sin embargo, muestra que ante la escasez de recursos, nuestras universidades se ven obligadas a hacer cosas muy complicadas, vicios”.
Consideró que seguramente las dependencias federales las convencieron con el argumento que se trataba de un procedimiento legal para acceder a recursos, y ante esa creencia, las universidades aceptaron.
Sugirió que es mejor que las universidades se coordinen y demanden más recursos, de manera transparente, que les permita realizar sus funciones de docencia, investigación y extensión, “y no meternos en estos triángulos tan cuestionables”.
Aboites Aguilar opinó que la responsabilidad no es tanta de las universidades, sino del Gobierno Federal que lanzó el anzuelo: “esa es la impresión que tengo, porque es muy difícil que haya una autoridad universitaria que deliberadamente haga una triangulación de este tipo”.
Incluso comentó que en la revisión que se ha realizado se está eximiendo de responsabilidad a las instituciones, pero “es la idea que tengo ya que no tengo mucha información al respecto”.
Por su parte, Axel Didriksson Takayanagui, investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que la participación en ese esquema de desvío de recursos obedece a “errores personales”, no de las instituciones.
“Son actos de corrupción en los que tiene que actuar la autoridad, pero no es la institución la que lo provoca, sino algunos delincuentes enquistados en las universidades, que hacen sus trampas y por lo tanto les tiene que caer el peso de la autoridad”, indicó.
Agregó que es necesario “tener una demarcación muy clara de que por unos pillos, los estudiantes y los profesores que estamos trabajando con toda honestidad y constancia no tenemos porqué cargar con esas triquiñuelas que se saben”.
Recordó que las secretarías con mayor capacidad presupuestal son las de Educación y Salud y el problema reside en que “ahí les están exigiendo dinero para las campañas electorales”.
Didriksson Takayanagui puntualizó que seguramente el gobierno federal ”le puso la zanahoria” a todas las universidades a ver cuál aceptaba, ´pero ello es parte de una práctica común: “golpear y después decir que soluciona parte del problema”-
Por último, cuestionó por qué en la época de precampañas y campañas electorales, ningún candidato ha dicho una sola palabra sobre su política de gobierno en materia de saneamiento a las finanzas de la universidad pública.
