■ Se desconoce cuánto dinero le ha costado a la Universidad contratar esos gestores
El insuficiente subsidio que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) recibe de Gobierno Federal año tras año, ha generado la necesidad de recurrir, con la anuencia de la administración en turno, a gestores, intermediarios o coyotes, quienes cobran a la Máxima Casa de Estudios de la entidad una jugosa comisión por la obtención de recursos extraordinarios.
La comunidad universitaria tiene una opinión dividida al respecto, y mientras algunos afirman que esa práctica ha sido común durante 10 años, los ex rectores niegan que en sus periodos hayan acudido a esos servicios que prestan despachos vinculados a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Recientemente, se dio a conocer un caso similar en el que legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) exigían una comisión a presidentes municipales, a cambio de gestionarles partidas extraordinarias para diversos proyectos, y aparentemente las instituciones de educación superior, especialmente las universidades autónomas, no están exentas de esa forma de gestión.
Cuando una universidad pública recibe recursos respaldados por un convenio de subsidio, previamente se establece el monto que aportará Gobierno Federal y la forma en que éste se le administrará mensualmente. También se define el destino de ese recurso, es decir, se especifica la cantidad que se utilizará para nómina, prestaciones, etcétera.
En el caso de la UAZ, ese presupuesto que se le aporta es insuficiente, y el rector en turno, en lugar de gastarlo como lo plantea Gobierno Federal, lo utiliza de acuerdo a las necesidades de la Universidad, a pesar que muchas de ellas no se contemplan en los convenios, motivo por el cual últimamente se han presentado crisis financieras importantes.
Por ejemplo, el ex rector Francisco Javier Domínguez Garay ha expresado que la decisión de no enterar el recurso correspondiente a la seguridad social, al Fondo de Vivienda del Issste y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) durante su administración, la tomó con el objetivo de cumplir con la función social de la Universidad, es decir, aumentar la cobertura, expandir su presencia en los municipios e incidir en el desarrollo del estado, a pesar del problema financiero que ello implicaría.
Domínguez Garay argumenta que el Estado tiene la responsabilidad de proveer educación a la sociedad en todos los niveles, motivo por el cual él prefirió cumplir con ese precepto. De esa forma se acumuló el adeudo actual, pero la institución creció en matrícula, en número de programas y fortaleció la calidad académica de estos.
En ese contexto, el rector en turno debe gestionar recursos extraordinarios para salvar los compromisos contractuales, y es ahí donde se presenta la oportunidad para la “Gestión Privada para el Servicio Público”, una forma elegante de nombrar a la práctica del coyotaje, en el que despachos privados gestionan montos para el servicio de las universidades públicas.
Rogelio Cárdenas Hernández, ex rector de la UAZ, afirma que el coyotaje ha existido en esa institución. “Esos despachos se dedican a generar contactos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en la Secretaría de Educación Pública y a conocer las necesidades de las universidades, y a partir de ello gestionan recursos adicionales al subsidio a cambio de una comisión que generalmente es de 10 por ciento”.
Incluso, señala que la crisis financiera que enfrentan en general las instituciones de educación superior, derivó en la creación, hace algunos años, del llamado Fondo de Rescate para las Universidades Públicas, mediante el cual los gestores tuvieron una mejor posibilidad para ofrecer servicios de “rescate”.
Entonces, es común observar que, cuando a las universidades se les cierran las puertas en las dependencias de Gobierno Federal, estas recurren a gestores privados privilegiados por la propia SEP o SHCP, para que ellos realicen el trabajo de gestión.
“Eso es lo que explotan, el privilegio de tener acceso con los que deciden los recursos. Así es este fenómeno, pero el problema es que no trabajan gratis, no son hermanas de la caridad y cada vez cobran más aprovechando que son eficientes”, expresa Cárdenas Hernández.
Además, afirma que la UAZ ha recurrido y contratado servicios a un despacho ubicado en Puebla, cercano al también ex rector Alfredo Femat Bañuelos, cuyos integrantes tienen buenas relaciones con legisladores, entre ellos el entonces senador José Isabel Trejo, quien anunció en mayo de 2012 la condonación del adeudo estructural que la Universidad tenía con la propia Secretaría de Hacienda.
En este momento en el que la Universidad tiene un problema financiero muy fuerte, aseguró que esos gestores han tenido una presencia muy fuerte en la Máxima Casa de Estudios de la entidad: “Mi hipótesis es que por eso el rector (Armando Silva Cháirez) había renunciado, porque pagar el rescate de 800 millones de pesos implica mucho dinero y se sintió presionado”.
Es decir, el actual rector prefirió buscar la condonación de esa deuda por otros medios aunque eso lleve más tiempo, pero no pagar altas sumas de dinero para lograr el rescate de más de 800 millones de pesos que la UAZ debe al Issste, Fovissste y SAR.
El coyotaje de gestión no es algo nuevo y no sólo se presenta en las universidades o en los municipios, sino también en los gobiernos de los estados. En Zacatecas, durante el sexenio de Ricardo Monreal Ávila, se contrató a despachos privilegiados de Monterrey, Nuevo León, mientras que en la administración de Amalia García Medina se recurrió a otros gestores. “La diferencia es que actualmente se trata de un tema público”, dice Cárdenas Hernández.
Durante su periodo en la Rectoría de la UAZ, entre 2000 y 2004, Cárdenas Hernández asegura que él nunca estuvo presionado para contratar a esos despachos de gestión, pero ello se debió a que “tuve suerte que ni siquiera intentaron corromperme”.
Sin embargo, recordó una ocasión mientras ocupaba el cargo de secretario de Educación en el estado, cuando recibió una llamada de la Secretaría de Finanzas, notificándole que debía dinero a un despacho de Monterrey por concepto de gestión de plazas para educación básica.
Después de investigar esa situación, detectó que el responsable de haber contratado ese servicio fue Apolonio Castillo, anterior titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), motivo por el cual se negó a firmar el cobro que se hacía a la Secretaría de Finanzas, en ese momento a cargo de Nicolás Castañeda. En efecto, poco después de abandonar la Secretaría de Educación, las plazas llegaron.
Incluso, durante el acto inaugural del Campus UAZ Siglo 21, al encontrarse con Reyes Tamez Guerra, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en ese momento, Rogelio Cárdenas Hernández le expresó: “aquí enfrente de la gobernadora te voy a decir, me quieren vender plazas para educación básica, preescolar, especial. Es un despacho que a nombre tuyo dice que nos ofrece plazas siempre y cuando se las compremos a ellos”.
En respuesta, Tamez Guerra mostró sorpresa y Amalia García Medina “hasta pálida se puso”. Le reafirmaron que la compra de plazas era algo que no debía hacerse, pero “a los 15 días me corrió la chaparrita y las plazas llegaron”.
A pesar de que hay evidencia sobre la existencia de ese fenómeno, se desconoce cuánto dinero le ha costado a la Universidad el contrato de esos gestores, lo que se debe a que no hay documentos en los cuales se desglosen pormenorizadamente los adeudos y la forma en que la Rectoría los ha atendido.
Al respecto, el ex rector Alfredo Femat Bañuelos afirma: “Yo no estoy enterado y echaría mentiras si digo lo contrario. Yo fui rector entre 2004 y 2008, todo mundo sabe la gestión que se hizo y jamás nadie me pidió coyotaje alguno. Públicamente reconozco que fue Amalia García quien me acompañó varias veces pero nunca me pidió ningún $5”.
Otras personalidades que le ayudaron en la gestión de recursos sin nada a cambio, comenta, fueron José Isabel Trejo y José Narro, ambos mientras fueron diputados federales. Incluso, “ni siquiera me pidieron algún recomendado para que trabajara en la Universidad”.
También se refirió a Carlos Puente quien, siendo diputado, le ayudó en la gestión de un incremento al presupuesto irreductible de la UAZ de 20 millones de pesos, pero tampoco pidió comisión ni algo similar como ha ocurrido con el caso de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).
“En mi gestión, auditada por varias instancias, ni me ofrecieron esos servicios ni tampoco se pagó algún concepto de comisión de 10 por ciento. Y doy los nombres de quienes me ayudaron porque jamás ocurrió algo así”.
Por ejemplo, recordó que en 2007, José Narro “me abrió la puerta” con Ernesto Cordero, y en ese momento se obtuvo un apoyo de 221 millones de pesos para subsanar las finanzas de la Máxima Casa de Estudios local.
Esa capacidad de gestión del ex legislador, dice el actual diputado local, se reflejaba en la visita frecuente que le hacían presidentes municipales a la Ciudad de México para lograr que Gobierno Federal destinara recursos para diversos proyectos.
En el caso de José Isabel Trejo, el ex rector señala que su aportación fue importante para resolver el adeudo que había en ese momento con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), pero tampoco le pidió alguna condición a cambio.
Sobre los servicios que aparentemente solicitó a un despacho de Puebla para la gestión de recursos, aseguró que ello no es verdad y si ello se menciona “deben mostrar pruebas, porque no sé si en otros lados se practique el coyotaje, pero en mis cuatro años de rector no se llevó a cabo”.
Femat Bañuelos aseguró que durante su administración él mismo encabezaba el trabajo de gestión de recursos ante diversas instancias, y como resultado hubo logros importantes para sanear la situación financiera. “Yo soy un gestor natural”.
También recordó que entre 2000 y 2004, fungió como secretario general de la Universidad, durante la rectoría de Rogelio Cárdenas Hernández, “y jamás me enteré de que algunos pidieran algún porcentaje”.
La actual crisis financiera de la UAZ, de acuerdo a conversaciones que ha sostenido con el rector Armando Silva Cháirez, se ha atendido con seriedad y hay varios legisladores que están colaborando, sin recurrir a ese tipo de servicios de intermediación para la gestión de recursos.
Desde su punto de vista, califica como desafortunado el hecho de que haya esa sospecha sobre la existencia del coyotaje en este momento, porque ello obstaculizaría el proceso de gestión para resolver el adeudo de la institución con Issste, Fovissste y Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
En contraparte, Rafael Rodríguez Espino, secretario general del Sindicato de Trabajadores (Stuaz), afirma que el coyotaje es un fenómeno que se ha presentado en la UAZ durante mucho tiempo y el otorgamiento de recursos extraordinarios está condicionado por despachos profesionales que se dedican a intermediar la gestión.
En ese sentido, coincide con la hipótesis de que uno de los principales motivos por los cuales Armando Silva Cháirez presentó su renuncia a la Rectoría, en agosto de 2013, fue precisamente porque esos despachos que fueron contratados en los periodos de Francisco Javier Domínguez Garay y Alfredo Femat Bañuelos ahora lo estaban presionando a él para gestionar 800 millones de pesos para subsanar el adeudo con el Issste, a cambio de cierto porcentaje. Sin embargo, “parece ser que Armando se asustó y rechazó esos servicios. Fue cuando se dio la famosa renuncia”.
Asimismo, señala que no hay una estimación sobre la cantidad de dinero que la Universidad destinó a la contratación de servicios de gestoría entre 2004 y 2012, y aunque tampoco se sabe la manera en que se realizaba ese procedimiento, “creo que sí existe esa situación del coyotaje”.
También dice desconocer situaciones concretas que haya atestiguado en la UAZ, pero reitera que se trata de una práctica muy común, puesto que los despachos que se dedican a eso están constituidos legalmente, e incluso emiten facturas por sus servicios. En consecuencia, las auditorías las omiten.
El actual Rector Armando Silva Cháirez aseguró que en la Universidad no existe esa práctica y desconoce que se haya recurrido a ella en administraciones anteriores, incluso en la que él fungió como secretario general.
“El trámite y la gestión la hacemos todo el tiempo directamente con diputados y senadores, y es el conjunto de legisladores el que ha respondido a la convocatoria de apoyar a la Universidad para resolver el problema financiero que hay en este momento”.
De su parte, afirma que ha sostenido encuentros con el secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, a quien le planteó la situación de la UAZ y la necesidad de recursos para solventar los gastos ordinarios, ello sin ninguna representación ni intermediación.
Además, “la manera como se ha estado trabajando es en conjunto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), y no tenemos ningún contrato con despachos ni nada”.
Explicó que desde el inicio de su administración, él y otros funcionarios universitarios han realizado trabajo de gestión ante las diversas instancias de Gobierno Federal y ante funcionarios de diversas dependencias.
“Los gestores naturales de la UAZ, entonces, son los legisladores, y gracias a ellos recientemente pudo aumentarse el presupuesto irreductible e incrementar el subsidio para este año en 13 por ciento”, sostiene Silva Cháirez.
Es decir, “nosotros hemos seguido los canales que son oficiales y estos son los que he comentado, los propios funcionarios de las dependencias, los diputados y los senadores que prácticamente son los que realizan la gestión sin condiciones y nada a cambio. Hasta ahorita no ha habido ninguna situación así y ha habido un apoyo determinante de todos ellos”.
También desmiente que su renuncia a la Rectoría, el año pasado, haya tenido como causa la presión ejercida por algunos despachos, supuestamente favorecidos por Femat Bañuelos y Domínguez Garay, al negarse a contratar sus servicios, y comentó que esa decisión la tomó por sentir en ese momento que su trabajo no era suficiente para resolver los problemas financieros de la UAZ.
Por su parte Francisco Javier Domínguez Garay también desmiente que en su administración haya recurrido a esos servicios; incluso afirma que si una empresa se le hubiese acercado ofreciéndole y garantizándole la gestión de 800 millones de pesos para pagar el adeudo, a cambio de una comisión de 10 por ciento, “habría aceptado sin pensarlo”.
Para Rogelio Cárdenas Hernández el problema actual es la falta de claridad en la administración para informar de manera desglosada los montos que se adeudan al Issste, SAR, o por concepto de intereses, porque en ocasiones estos pueden condonarse.
“Esos documentos son los que no quieren mostrar, ni mucho menos todo lo relacionado a la gestión. Entonces todo se maneja en dizque mesas de negociaciones y no informan con precisión cómo está el problema y qué se ha hecho para resolverlo. Haciendo eso quedan fuera los gestores privados porque ellos no caben en una legislación transparente”.
Aunque el Rector Armando Silva Cháirez decidió “no continuar por esa vía”, Cárdenas Hernández reafirma que aún es probable que, a cambio de acceder a fondos extraordinarios o concursables, algunos gestores le cobren comisión a la Universidad.
