Cinco de ocho diputados federales de origen zacatecano votaron en contra del dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con lo que se extinguen 13 de los 14 fideicomisos de este poder, en un orden de 15 mil millones de pesos, votación que terminó con 259 votos a favor por 205 en contra y una abstención.
Quienes votaron a favor en lo general dicho dictamen fueron la diputada Bennelly Hernández Ruedas, de Morena, quien en últimas semanas junto con el bloque marcelista-monrealista se vieron envueltos en polémica por cuestionar el Paquete Económico 2024 enviado por el Presidente de la República, y el petista, Alfredo Femat Bañuelos; mientras que quienes votaron en contra fueron Miguel Torres del PRD, Carolina Dávila Ramírez del PRI, Noemí Berenice Luna Ayala del PAN y Amalia García y Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, en tanto que Miguel Varela Pinedo, del PAN, no estuvo en la votación.
En la reforma se establece que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. En tanto que en los artículos transitorios menciona que los órganos del Poder Judicial que funjan como fideicomitentes deberán coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos que no se ajusten a lo que establece el segundo párrafo del artículo 224 de su Ley Orgánica y dar por terminados los mandatos correspondientes, con la finalidad de que en el plazo máximo de 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, se suscriban los convenios de extinción o terminación, respectivamente, en términos de las disposiciones aplicables.
Asimismo, la reforma indica que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos, que por razón del presente decreto se extingan o terminan, serán atendidas con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardado los derechos que correspondan.
Además, los recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, independientemente del ejercicio fiscal en que se hayan originado y que formen parte de los instrumentos jurídicos que por razón del presente decreto se extinguen o terminen, deberán enterarse en términos del artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a las unidades administrativas con funciones de tesorería en los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación al término del plazo señalado en el artículo Segundo Transitorio del presente decreto.
En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado de Morena, Erasmo González Robledo expresó que el objetivo del dictamen es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de recursos públicos en todos los niveles y sectores del Estado mexicano.
González Robledo resaltó que únicamente los recursos remanentes serían reintegrados a las tesorerías correspondientes de los propios órganos del Poder Judicial y, posteriormente, a la Tesorería de la Federación. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral deberán realizar una cuidadosa revisión de las obligaciones derivadas precisamente de estos instrumentos financieros y garantizar su cumplimiento. Con el dictamen, aseguró, no se afectará la independencia judicial, elemento fundamental de un Estado constitucional de derecho, que siempre debe ser protegido. En lugar de ello aborda específicamente la necesidad de optimizar la gestión de los recursos públicos de manera más eficiente, transparente y regulada.
En las participaciones, el perredista zacatecano, Miguel Torres Rosales, señaló que los derechos de las y los trabajadores no deben sujetarse a caprichos políticos, menos cuando están en la Ley o en las condiciones generales de trabajo. La reforma, dijo, no surtirá efectos, pues mediante amparos de los trabajadores y las acciones de inconstitucionalidad que se harán llegar “esta reforma también se va a caer”.
Por su parte, el diputado Jorge Álvarez Maynez calificó de hipocresía lo votado por Morena porque argumentan austeridad y ellos no la aplican. Si bien, reconoció que los magistrados no se verían afectados con esta reforma, muchos trabajadores sí serán los que paguen los platos rotos de la austeridad, como los proyectistas, el personal de resguardo, los trabajadores de limpieza, asesores y asistentes. Y destacó, por otro lado, que su partido presentó una reforma seria para que los fideicomisos financien exclusivamente derechos laborales y que no se vayan a los privilegios.
