Por la enjundia desplegada por las candidatas a la Presidencia de la República, en relación con el incremento al número y a la nómina de las ayudas monetarias, no parecería lejano el día en que todos los mexicanos reciban una ayuda monetaria en el momento de nacer y ser registrados. El tan ansiado por muchos ingreso universal, pero antes de arribar a la ciudadanía. Se arremolinan las personas y las adhesiones ante tanta dádiva y las eufóricas oferentes no paran en pequeñeces cómo preguntar(se) de dónde van a sacar los recursos suficientes para no quedarle mal al respetable en la primera esquina del siempre veleidoso ciclo económico. La noción de que México es un país agudamente desigual ha sido borrada del silabario de la siempre renuente clase política a intentar ajustes en las tasas y los tramos necesarios para gravar sin incurrir en actos y políticas de crasa injusticia. Que hemos carecido de gobernantes audaces para, con rigor y estatura, realizar la siempre pospuesta reforma fiscal redistributiva, debería formar parte del abc de nuestra historia política económica, pero no ocurre tal.
Urgen recursos no sólo para cubrir el creciente de número de transferencias, tarjetas prepagadas y demás, sino para que el Estado cumpla con sus mandatos constitucionales en materia de protección y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con el espíritu de la reforma de 2011, a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, destacadamente en la salud y la educación, faltas permanentes de los gobiernos, así como pesadilla de quienes se hacen cargo de la hacienda pública.
Nuestra particularmente mala distribución del ingreso se debe, afirma José Casar, a “la incapacidad del sistema fiscal mexicano para atemperar los resultados distributivos de la actividad económica”. Y así subraya la imprescindible tarea del “(…) fortalecimiento de los ingresos públicos como condición necesaria para enfrentar con éxito los retos de recuperar el dinamismo de la economía y avanzar hacia niveles de igualdad propios de sociedades civilizadas (…)”. (José Casar, “Hacia una reforma fiscal para el crecimiento y la igualdad”, http://www.pued.unam.mx/opencms/ publicaciones/38/reformad.html).
Y tiene razón José, como la han tenido no pocos mexicanos, servidores públicos y políticos comprometidos con la justicia social. Mucho tiempo perdido y mucho camino por andar en lo que tiene que ver con los ingresos públicos pero, para empezar, plantearnos de nuevo por qué tantas resistencias a por lo menos discutir en serio la necesidad de una reforma fiscal redistributiva que, en nuestro caso, tiene que ser también contributiva, si tomamos en serio el inclemente déficit registrado en salud y educación y el no menos agresivo también documentado en materia de todo tipo de infraestructura.
Si checamos la triste historia del fisco mexicano advertiremos que, en gran medida, es un buen retrato de las relaciones sociales que organizan la vida en común. La pobreza fiscal del Estado que tenemos nos dibuja: una sociedad polarizada, desigual, pobre, vulnerable en la que paradójicamente campea una suerte de cultura de la pobreza. “No deja de ser preocupante que, a pesar de la necesidad acuciante de una reforma fiscal, sea todavía un tema que la sociedad y el Estado mexicanos han eludido encarar a fondo desde hace varias décadas. Se vive una paradoja: los grupos sociales, incluida la burocracia, reconocen dicha necesidad, que incluso muchos califican de integral –quizá para subrayar lo mucho que falta por completar–; sin embargo, el consenso se termina cuando se discuten sus objetivos, metas y mecanismos para ponerla en marcha”, escribía José Ayala en 2000, nada menos que hace 24 años. (José Ayala, “La reforma fiscal en México: ¿modernización tributaria o nuevo pacto fiscal?”, http://revistas.bancomext.gob.mx/ rce/sp/articleReader.jsp?id=3&id Revista=42).
Y la Cepal subrayaba en 2010 la necesidad de: “(…) construir un gran acuerdo económico-social cuya expresión última es el pacto fiscal (…), este implica una estructura y una carga tributarias que permitan fortalecer el rol redistributivo del Estado y de la política pública, a fin de garantizar umbrales determinados de bienestar (…)”. (“La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir”).
Requerimos hacernos cargo de esta tremenda desigualdad que se ha diversificado y vuelto más compleja. Para retomar y redefinir nuestro rumbo y abrir un nuevo curso de desarrollo, comprometido desde su arranque con el abatimiento de la pobreza y la desigualdad, es crucial alcanzar ese gran acuerdo nacional que sugiere Naciones Unidas; dejar ya atrás los mitos sobre las inconveniencias políticas que desaconsejan afrontar la injusticia fiscal y aprestarnos a poner en acto una reforma fiscal redistributiva que no tema decir su nombre.
