El notariado zacatecano manifestó su rechazo a la reforma a la Ley del Notariado aprobada por la Legislatura del Estado, la cual permite la designación directa de notarios por parte del titular del Poder Ejecutivo, al advertir que los cambios avalados ponen en riesgo la certeza y la seguridad jurídica de la población, además de vulnerar principios históricos que rigen la función notarial.
En un pronunciamiento público, Jaime Arturo Casas Madero, presidente del Consejo Consultivo del Colegio de Notarios del Estado de Zacatecas, sostuvo que la postura del gremio no responde a intereses políticos o partidistas, sino a una preocupación institucional y social. Subrayó que la función notarial tiene como eje central servir a la ciudadanía mediante la garantía de legalidad y seguridad jurídica, por lo que, dijo, resulta obligado fijar una posición cuando una reforma pone en entredicho dichos principios.
Casas Madero cuestionó la forma en que se discutió la iniciativa en el Congreso local, al señalar que durante el debate en lo general ningún legislador subió a tribuna para defenderla, ni siquiera quienes aparecen como promoventes o integraron la comisión dictaminadora. En contraste, recordó que diez diputadas y diputados votaron en contra y expusieron argumentos orientados a la defensa del interés general y de la seguridad jurídica, lo que, afirmó, evidencia que el debate “no fue ideológico, sino de fondo”.
De acuerdo con el Colegio de Notarios, la reforma permite la designación directa de notarios por parte del titular del Poder Ejecutivo sin cumplir previamente con procesos de adscripción, práctica y evaluación. Estos mecanismos, recordaron, han sido históricamente la base para garantizar la calidad, independencia y profesionalismo del notariado, conforme a los principios del notariado latino, y su omisión representa un retroceso en términos institucionales.
El gremio advirtió además que en la exposición de motivos del decreto no se acredita la necesidad real de ampliar el número de notarios ni se demuestra que exista una insuficiencia en el servicio notarial en la entidad. Por el contrario, señalaron que la legislación vigente ya prevé los caminos institucionales para fortalecer el servicio sin sacrificar los estándares de preparación profesional ni el principio de mérito.
Señalaron su inquietud sobre el plazo de 20 meses contemplado en la reforma, al considerarlo atípico y carente de justificación técnica. A juicio del gremio, esta disposición abre la puerta a suspicacias sobre la posible preparación anticipada de perfiles específicos, lo que podría derivar en escenarios de competencia desleal y en una distorsión del acceso equitativo a la fe pública.
Finalmente, solicitaron al gobernador David Monreal Ávila que ejerza su facultad constitucional de veto y detenga la promulgación del decreto. Informaron que presentarán un documento formal para sustentar esta petición, al tiempo que expresaron su confianza en que el mandatario valore el impacto institucional de la reforma. En caso de que el decreto sea publicado, advirtieron que existen vías jurídicas para impugnar la aplicación de la norma, entre ellas el juicio de amparo y la solicitud de suspensión de sus efectos.
Más tarde, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano expresó su respaldo al notariado de Zacatecas y calificó la reforma como un “retroceso histórico” que pone en riesgo la seguridad jurídica de la población. En un comunicado, su presidente, Ricardo Vargas, reiteró su apoyo al gremio estatal y subrayó que la eficacia del notariado depende de la independencia y la alta preparación técnica de quienes ejercen la fe pública.
El organismo nacional advirtió que sustituir el examen de oposición por la designación directa degrada la fe pública y abre la puerta a la politización de una función que debe mantenerse técnica e imparcial, por lo que calificó la propuesta como alarmante.
