Sin haber terminado los embates presidenciales en contra no sólo de los organismos autónomos, atentando contra equilibrios imprescindibles de todo sistema democrático, sino de los mismos poderes y de diversas instituciones, recientemente la acometida ha alcanzado nuevos niveles de agresión y de rating en medios de comunicación y redes.
Discusión que se ha querido, no sin mala leche, presentar como si esos organismos se hubieran creado obedeciendo a una perversa lógica neoliberal, para mero uso y abuso de recursos públicos. Planteamiento que, más allá de ser erróneo, elude discusiones racionales y apela a inflamar los humores públicos los que, ante mínima provocación, encienden el debate virtual.
La discusión, de haberla, tiene que hacerse cargo de que nuestra transición quedó trunca y que, en términos justos, se pospuso la discusión y construcción de un verdadero Estado democrático. Más que un llamado serio a discusiones amplias y rigurosas, prevalecen la imposición y la improvisación, sin importar cómo mejorar las instituciones, sino que busca eliminar obstáculos para la política del cúmplase y acátese.
La lógica que guía la crítica permanente del Presidente contra los organismos autónomos, el Poder Judicial y otras instituciones, es aplanar el piso de la crítica. Ninguna propuesta, lo que se quiere es una reformulación de las reglas bajo nuevas, y no tanto, señas de identidad. Ahí está, por si falta hiciera, el caso más reciente del nombramiento en la Corte.
“¿Qué pretende el mandatario –(se) pregunta René Delgado en su columna de El Financiero–, fijar los ejes de la campaña presidencial, tomar de piñata al Poder Judicial y de colación a los órganos autónomos? ¿Entreverar el próximo periodo legislativo con el arranque formal de la campaña y establecer las banderas a agitar en ambos campos?” (Pulcritud y legitimidad, 15/12/23).
Alguien se ha cuestionado si es posible pensar en un futuro con gobernabilidad sin normas, reglas claras, respeto de leyes, ordenamientos e instituciones democráticas y no voluntades en activo. Si queremos seguir transitando por el camino democrático y no caer en la anarquía, requerimos ir más allá de la alternancia electoral y aceptar plenamente los planteamientos republicanos que constitucionalmente ya están definidos: libertades públicas, derechos humanos, separación de poderes… Pero, dada la pobreza y vacuidad del debate público y de los actores políticos, parece que la reforma tendrá que esperar.
No se ve por ninguna parte voluntad ni capacidad para sentarse a la mesa, mucho menos para empezar a trazar una agenda atendible, por creíble. Más bien la apuesta va en sentido contrario: seguir estirando la liga y atizando los humores públicos.
Pésima señal la que anticipan los abusos, arbitrariedades y exabruptos como la acusación mañanera del Presidente al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez: Por un lado defienden a las víctimas y por otro participan para dar la libertad a quienes argumentan, con elementos o no, que fueron torturados, lo que lleva a que los excarcelen ( La Jornada, 15/12/23).
Más valdría que el Ejecutivo y sus poderes (re)consideren sus acciones desaseadas y parafraseando a ya saben quién: por el bien de México, primero respeten las leyes.
