Ciudad de México. Amnistía Internacional (AI) señaló la urgencia de que el gobierno mexicano, y particularmente las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones a los derechos humanos perpetrados por personal militar en labores de seguridad pública.
Dijo que las disculpas del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por los actos de tortura que cometieron dos militares y una agente federal contra una mujer en el estado de Guerrero, son “insuficientes” y llamó al gobierno mexicano a poner fin de inmediato al desempeño de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.
En tanto, una veintena de los principales centros y organizaciones de derechos humanos y diversos colectivos de la sociedad civil, rechazaron que los militares involucrados estén sujetos a un proceso penal ante un juez militar, y no ante uno civil, pues los actos de tortura de acuerdo a la legislación nacional deben ser competencia de la Procuraduría General de la República (PGR) y los involucrados deben ser procesados ante los jueces civiles.
La Secretaría de la Defensa Nacional argumentó que el proceso se desarrollará en los “dos fueros”; en el militar, será solamente por “desobediencia”, mientras que en el ordinario, por el delito que la PGR considere.
“Estos hechos, incluyendo la conducta pública de los mandos militares minimizando la gravedad de los hechos, explican la institucionalidad de la tortura en nuestro país y demuestran la necesidad que el marco normativo sea modificado para que todo acto de tortura se prevenga, investigue, castigue y repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”, señala el pronunciamiento conjunto de las ONGs.
