El año pasado, durante el denominado encuentro de los “300 líderes más influyentes de México” en la Ciudad de México, Enrique Peña Nieto afirmó que “la corrupción en el país es una debilidad de orden cultural que es preciso combatir a partir del fortalecimiento de las instituciones y la participación de la sociedad”, dijo con su habitual estilo, precisando además que “es una debilidad de orden cultural que no es privativa de México”.
Recordamos esta desafortunada declaración, de quien además de ostentar el puesto de Presidente de un país, debe ser el que encabece los esfuerzos para erradicarla, y viene a colación cuando el país es testigo del último escándalo de corrupción, con la grabación de una llamada telefónica del ejecutivo de la empresa española OHL, sobre la construcción del Viaducto Bicentenario, que salpica a miembros de su gabinete durante su periodo de gobierno en el Estado de México, cuando aún los ecos de la casa blanca del mismo Peña Nieto, recibida evidentemente como soborno para otorgar contratos de obra a la constructora IGA, de la matanza de estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala Guerrero, de la otra masacre en Tlatlaya, entre por lo menos 10 escándalos graves que persiguen al régimen priísta de Peña Nieto.
Este es el principal problema que aqueja a nuestro país, la que Peña Nieto denomina de manera trivial “Debilidad de orden cultural”, implica una sangría de aproximadamente 341 mil millones de pesos al año, a precios actuales, según revelan cálculos del observatorio económico “México ¿cómo vamos?”, lo que puede significar un costo de aproximadamente 15% de la inversión pública de 2014, y algo similar al finalizar este año, un aumento de 10% en la percepción de corrupción en México bajo el indicador que mide el Fondo Monetario Internacional (FMI), genera una pérdida del valor en pesos del Producto Interno Bruto (PIB) del país de 2%, de acuerdo a estimaciones de este organismo.
Lo anterior significa que la economía deja de producir en promedio el valor equivalente a esta proporción, en la medida en que aumenta la percepción de corrupción, y con esto en 2014, el PIB efectivo se redujo en un monto equivalente a 341 mil millones de pesos, los cuales se habrían incorporado a la economía por la vía de inversión pública si se hubiera combatido esta “Debilidad Cultural” que encabeza el PRI y sus amigos, mismos que ahora rebozan hasta sus bordes cuentas bancarias y propiedades en México y en el mundo.
México ocupó el lugar 103 de los 175 países evaluados en índices de corrupción por la ONU (es decir, reprobado) y destaca por contar con la peor calificación de los 34 países que forman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Y en cuanto a América Latina, México sigue en los últimos lugares. De esta región, Chile y Uruguay están a la cabeza con la menor corrupción, empatados con 73 puntos (38 más que México), Brasil tiene 43 puntos (8 más que México), mientras que la última posición se la lleva Venezuela con 19 puntos (16 menos que México) y ocupa el puesto número 161 del índice.
El efecto de la corrupción va muchísimo más allá de la economía, la “Guerra contra el crimen organizado” tiene evidentemente un gran componente de corrupción, no podemos concebir como un estado, que cuenta con un sistema de inteligencia, con efectivos militares bien entrenados y pertrechados, policías equipadas y respaldadas por un marco legal que les brinda capacidad de operación, no puede terminar con este flagelo social que pareciera ir en una escalada ascendente continua, no podemos entender esto sin tomar en cuenta el nivel de penetración y colusión de autoridades, es decir, corrupción en su máxima expresión.
Los alcances de esto dejan sentir sus efectos en todos los ámbitos, desaparición de la escala de valores, asesinatos, robos, secuestros, crisis económica, política, social, y en última instancia pérdida de soberanía, en lo que ya estamos, por ello es fundamental para cambiar el estado de cosas realizar acciones concretas desde la tribuna del Congreso; atacar la impunidad con el que los corruptos se desenvuelven, es necesario dejar de permitir y politizar los sobornos en instituciones policiales y de impartición de justicia, creando mecanismos que protejan y permitan a las personas alzar la voz y actuar contra esta corrupción. El poder recobrar la credibilidad y confianza ciudadana por las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley es clave para disminuir la inseguridad en la región.
Debemos abrir al escrutinio público el financiamiento de la política, para que se sepa quién financia y por qué montos a que candidatos y partidos políticos, ayudando a dificultar la entrada de dinero del crimen organizado en la política e instituciones del estado, y con ello, inhibiendo la penetración de organizaciones delincuenciales a las instituciones, es necesario abordar, entre otros frentes, el problema de la desigualdad, incorporando la transparencia como elemento central en las inversiones sociales, de manera que los apoyos a los más pobres se distribuyan donde son necesarios y no con criterios políticos, la política social debe otorgarse con criterios justos y de requerimientos reales, no electorales.
La corrupción generalizada, que toca desde las esferas más altas del poder que acumula dinero en cuentas bancarias y propiedades de lujo, y que se refleja hasta el más humilde servidor público que pide “Pal chesco” para retirar basura, o el agente de tránsito que recibe algo de efectivo para pasar por alto una infracción se explica por la impunidad, impunidad propiciada y auspiciada por el régimen que gobierna, desde gobernantes corruptos que presumen sus propiedades, hasta empleados municipales, todos deben operar bajo el imperio de la ley, y sólo la sombra de una sociedad que ejerce su voto de una manera responsable e informada puede cambiar esto, castigando a los que gobiernan mal y retirando y aplicando la ley a quienes se corrompen, por eso apostamos a la voluntad y a la conciencia popular para cambiar el estado de cosas que vivimos. ■
*Candidato a la Diputación Federal del PT – PRD
por el Distrito Electoral 1 de Zacatecas
