Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en México, Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ), se posicionó de acuerdo con que deben desaparecer dichas medidas, ya que “es lo más arbitrario, ilegal y violatorio de derechos humanos que hay en nuestro sistema jurídico”.
Aclaró que “no es que esté en contra de la prisión preventiva, estoy a favor, pero de la prisión preventiva justificada, pues solamente se debe decretar como medida cautelar cuando exista el riesgo de evasión, de que el imputado se vaya a escapar de la justicia o cuando sea un riesgo para las víctimas, testigos”.
Asimismo, destacó que, sobre todo el arraigo, debe de ser eliminado, ya que “simplemente se te priva de la libertad para investigar y eso está peor, pues ni siquiera hay una autovinculación a proceso”.
Sólo se debe decretar
como medida cautelar
cuando exista el
riesgo de evasión,
de que el imputado
se vaya a escapar
Nahle García mencionó que los diputados federales están preocupados en temas como el plan B de la Reforma Electoral, sin embargo, destacó que hay otros “de mucho mayor relevancia y de mucho mayor urgencia, como el arraigo”.
En ese sentido, refirió el caso reciente de una enfermera zacatecana que fue acusada de delito sexual en contra de su hija, una menor de edad, lo que obligaba a que fuera a prisión preventiva oficiosa, por lo que el juicio se extendió 13 meses y resultó absuelta. “Después de más de un año, díganle ustedes, “discúlpenos”, ¿quién le va a regresar esos 13 meses a la enfermera que estuvo injustamente recluida en el penal de Cieneguillas?”, expresó.
Es importante mencionar que la sentencia emitida la semana pasada en contra, de México, es histórica, ya que aunque, anteriormente, la CIDH se había pronunciado a favor de la modificación de la prisión preventiva, es la primera vez que se le ordena eliminarla de los códigos penales cuando se trate de la privación de la libertad, de manera oficiosa, por considerarla violatoria de derechos humanos.
