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jueves, 28 marzo, 2024
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La delincuencia organizada y la intervención de los Estados Unidos

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Por: AQUILES GONZÁLEZ NAVARRO •

Miscelánea

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Han transcurrido más de treinta años de que el ilustre penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, en su obra “Manual de Derecho Penal”, decía respecto a la Teoría de la Seguridad Nacional, implementada por los Estados Unidos en los años 70 en algunos países de Latinoamérica: “Es sólo un andamiaje ideológico de un momento histórico de Latinoamérica que es de esperar no supere el ocaso en que parece haber entrado”.

Lamentablemente los buenos deseos del maestro no se cumplieron y Estados Unidos, aprovechando el entreguismo de los gobiernos panistas de Fox y Calderón, repitieron en nuestro país la Ideología (teoría) de la Seguridad Nacional.

El procedimiento es simple: se desestabiliza al país elegido con un incremento desmesurado de la delincuencia. Hecho esto, se declara que el combate al crimen organizado es asunto de Seguridad Nacional y no de seguridad pública por lo que es el Ejército quien debe combatirlo y no la policía. (¿Dónde hemos oído esto?). Luego se declara la guerra (Calderón Dixit) y se militariza.

“Como consecuencia de esta supuesta guerra, se produce una militarización de toda la sociedad, el hombre y sus derechos quedan postergados y, por consiguiente, el derecho penal que de ello surge tiene como máximo bien jurídico –prácticamente único- la “seguridad nacional”. Nadie duda que ese es un bien jurídico, pero esta ideología –o alucinación-  no lo considera un bien jurídico, sino el único bien jurídico al que se sacrifican los restantes… lleva a considerar como una suerte de “traidor a la patria de segundo grado a cualquier criminalizado”. Afirma Zaffaroni.

El objeto de la intromisión norteamericana en México es, nos dice el sociólogo Sergio Rodríguez González en su obra “Campo de Guerra” (edit. Anagrama): “la absorción de recursos naturales, energéticos y humanos de México para fortalecer sus intereses geopolíticos a cambio de financiamiento, la asesoría y la vigilancia que sirven para realizar el proceso absorbente”.

La intromisión de los Estados Unidos en México se ha basado en las directivas del Comando de América del Norte (NORTHCOM) o Cumbre de las Américas para efectos diplomáticos.

Sigue diciendo Rodríguez González que “el gobierno estadounidense, a través de la CIA, lleva adelante –actividades- (operaciones  encubiertas) para estimular focos de desestabilización institucional en el territorio mexicano mediante acciones con el crimen organizado, lo que permite escenarios reales de combate y adiestramiento de las fuerzas armadas”.

Debemos recordar, que el adiestramiento bélico de alto nivel que recibieron los fundadores del grupo delincuencial “los Zetas, les fue impartido en la Escuela de las Américas en los Estados Unidos, centro que hoy recibe el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la cooperación en seguridad.

Recordemos también el programa “rápido y furioso” del gobierno estadounidense,  para la introducción paulatina de armas de grueso calibre a México y que fueron entregadas precisamente a organizaciones criminales, con la  permisibilidad y obvia complicidad (traición a la Patria) de Felipe Calderón.

 El pago por el “servicio”, quedó expresado en el Plan Mérida, que incluyó otras entregas como la anuencia institucional para operativos de la CIA en nuestro territorio, incluido el uso de drones con funciones de espionaje.

Los escenarios reales de combate son frecuentes en distintos puntos del territorio nacional. Recientemente el ocurrido en Nayarit mediante el uso de helicópteros artillados de la marina.

Pero, una de las cerezas del pastel (la otra fue la reforma energética) sin duda lo fueron las reformas del 2008 a la Constitución Federal, que implementaron en todo el país a partir de junio de 2016 el llamado nuevo Sistema de Justicia Penal y la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales  que abroga los Códigos de las entidades federativas y homologa el procedimiento penal a las características del enjuiciamiento norteamericano, donde la justicia y los derechos de la víctima se convierten en mercancías para la negociación de las llamadas salidas alternas que evitan el paso por el juicio oral.

Se han destinado infinidad de recursos para las instancias judiciales, pero se han dejado en el olvido los requerimientos humanos y materiales de las áreas de procuración de justicia.

Es urgente fortalecer la capacitación de la policía ministerial especializada en la investigación de los delitos y el apoyo con todo a Servicios periciales.

Lo que es peor, los que debieran dedicarse a la investigación de los delitos, han sido desplazados por elementos del Ejército y de la Marina, capacitados para funciones de Seguridad Nacional, no de seguridad pública.

El resultado es fatal: cientos de homicidios en el estado sin que sean esclarecidos y un alto grado de impunidad y violación de Derechos Humanos.

Y la esperanza: en 2018 la elección de un presidente con la fuerza, dignidad y entereza para exigir en términos diplomáticos el respeto que México merece por parte del gobierno de los Estados Unidos y el fin de la guerra de la teoría de Seguridad Nacional.■

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