Luego de que la Comisión de Seguridad Pública de la 64 Legislatura aprobó en sentido positivo la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, es decir, la ampliación de sus tareas en materia de seguridad hasta 2028, este martes en sesión ordinaria, con 19 votos a favor, una abstención y siete en contra, el Pleno aprobó en lo general dicha minuta, días después de la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
A pesar de que la Minuta ya fue aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Senado, y por más de 20 congresos locales, en Zacatecas su aprobación fue motivo de debate entre diputados del llamado bloque oficial y de la oposición, porque en la discusión se inscribieron para hablar a favor los legisladores Armando Delgadillo Ruvalcaba, de Morena y José Xerardo Ramírez Muñoz, del PT, mientras que en contra lo hicieron el diputado Enrique Laviada Cirerol, de Movimiento Ciudadano, y Karla Valdez, del PAN.
En un primer momento, Delgadillo Ruvalcaba refirió que la Guardia Nacional, como una figura de seguridad, surge para salvaguardar las instituciones democráticas, restablecer el orden público y proteger los derechos fundamentales de la colectividad, empezando por el derecho a la paz y a la seguridad. Pero frente a los escenarios de violencia en los que las fuerzas de seguridad pública estatales y municipales no han podido contener la acción de la delincuencia, es verdaderamente prioritario que la Guardia Nacional intervenga, pero también que estas labores se efectúen en estricto respeto a los Derechos Humanos, atendiendo los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de su protección.
La Guardia Nacional, agregó el morenista, sostiene la necesidad de recuperar la paz y tranquilidad que nunca debió perderse en el país, pero recordó que es una institución de carácter civil, lo que significa que tienen por objetivo que se haga cumplir la ley, pero que en ningún caso tiene por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.
En ese sentido, su compañera de bancada, Maribel Galván Jiménez, aclaró en “para hechos” que no se trata de una militarización porque las tareas de persecución e investigación siguen siendo de las autoridades civiles, pero es indispensable la actuación de la Guardia Nacional porque es indispensable que la ciudadanía se sienta segura y lo que busca es la contención del delito, no el tema de la sanción.
Por su parte, el legislador José Luis Figueroa Rangel coincidió en que “nada tiene que ver con un concepto de militarización”, sino que es una medida nacionalista necesaria en este momento y será un parteaguas, aunque reconoció que no es una solución inmediata, pero sí un proceso sistemático que va a ir a garantizar a los derechos humanos y la construcción de paz social.
Por la oposición, Laviada Cirerol fue más enfático en el rechazo y el señalamiento de la reforma como “militarización”, ya que aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) absorbe el control de la seguridad pública y la Guardia Nacional. “De qué sirve que tengamos cientos y miles de la Guardia Nacional en las calles si tienen la orden de no intervenir. Son una fuerza contemplativa”, criticó.
“No queremos que pase lo que pasó en el 68, en el 71, pero no sé a dónde va López Obrador. Le ha entregado al Ejército los puertos, las aduanas, los trenes, los aeropuertos, aerolíneas, ¿esto no es una militarización? Él piensa que prometiendo el poder a los militares no le va a pasar nada cuando salga”, dijo, para concluir recordando que las bancadas naranjas en el país han votado en contra de esta minuta porque ya se demostró que la estrategia no funciona y Zacatecas es el “laboratorio fallido” de dicha estrategia.
En contra, votaron Karla Valdez, María del Mar Ávila y Guadalupe Correa, del PAN; Juan Mendoza, Gerardo Pinedo y Enrique Laviada, del PRD, y Gabriela Basurto, del PRI.
El título a reformar establece que durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación deberá ser: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria
Asimismo, señala que las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades, y el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
De igual forma, señala que a partir del Ejercicio Fiscal 2023, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año y los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin.
