El Estado Mexicano tiene como obligación garantizar a la población la seguridad de su persona y de su patrimonio, así como el orden público y la paz social. La actual administración del Gobierno Federal ha impulsado un cambio en el modelo de seguridad con la sustitución de las medidas de guerra (las cuales no le funcionaron al gobierno de Felipe Calderón, sino todo lo contrario, se agudizó la violencia e inseguridad en el país) por una política de paz y seguridad integral basada en la atención de las causas mismas del fenómeno delictivo, que tiene como objetivo inmediato la reducción de los índices criminales; aunado a una nueva Política de Seguridad Pública basada en el respeto de los derechos humanos, en la construcción de la paz y en la seguridad pública con fuerzas policiales altamente profesionales y capacitadas como lo es la Guardia Nacional que se integra con elementos con origen y formación militar pero de carácter civil.
La actual política de seguridad está disminuyendo de manera paulatina y progresiva la tendencia de crecimiento nacional del flagelo de inseguridad; Sin embargo, persiste y se acentúa en algunas ciudades y entidades del país. De acuerdo a las Encuestas Nacionales de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizadas por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), la percepción de inseguridad de la población de 18 años o más ha disminuido de un 72% % en 2013 y un 79.4% en 2018 a un 59.3 % en 2023 y 59.4% en junio de 2024.
La creación de la Guardia Nacional es resultado del esfuerzo institucional del Estado mexicano en materia policial para garantizar la seguridad pública que obedeció a la carencia de una corporación nacional de policía profesional capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia en nuestro país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, al cuarto trimestre de 2023, la población mexicana percibió como «efectivo» o «muy efectivo» el desempeño de la Guardia Nacional en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia en 74% de los encuestados, mientras que calificó a la Armada y al Ejército con porcentajes de 85.6% y 83.5%, respectivamente. En contraste, esta percepción fue de sólo 54.1% en el caso de las policías estatales y de 48.6% respecto de las policías preventivas municipales. También señala que la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional son las instituciones que más confianza y aceptación generan entre la población mexicana, con niveles de percepción de 90.1%, 87.1% y 80.9%, respectivamente. Esta percepción de confianza en la Guardia Nacional es de aplaudirse si se considera su muy reciente creación.
Para que la Guardia Nacional pueda cumplir su función de seguridad y proteger a la población y a su patrimonio como policía civil, se propone la iniciativa de reforma Constitucional para que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Dicha incorporación no se refiere a que cumplirá con funciones de ejército en estado de guerra ni de excepción, sino, que lo que se busca es garantizar los valores que la distinguen: Vocación de servicio, integridad, profesionalismo de sus integrantes que les da la formación militar y evitar con ello la corrupción, tráfico de influencias y complicidades de la extinta Policía Federal. De ninguna manera se trata de militarizar al país como algunas voces buscan confundir a la ciudadanía, la Guardia Nacional seguirá siendo una policía civil.
El dictamen que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el cual en unos días pasará al pleno para su discusión y en su caso aprobación por la mayoría calificada contempla reformas a los Artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.
Entre estas reformas, la más significativa y que abordaremos en la presente entrega será la reforma al Artículo 21, donde se establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y (se incluye) a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia. Asimismo, dispone, la coordinación entre el Ministerio Público, las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno y la Guardia Nacional, quienes conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil.
La Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de defensa nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. Los fines de la Guardia Nacional son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación. La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional. La secretaría del ramo de Seguridad Pública formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y los programas, políticas y acciones respectivos.
*Diputado Federal Tercer Distrito de Zacatecas
