El objetivo de la ciencia desarrollada en las universidades e instituciones públicas está en constante cambio, ya que depende de las políticas públicas y visión que tienen los gobernantes en turno. En la década de los noventa del siglo pasado, inició un cambio en la visión del desarrollo tecnológico que fue remplazando la visión del desarrollo nacionalista poco a poco, por una visión tecnocrática y más orientada a la iniciativa privada, las ciencias sociales no tenían cabida en la currícula de las carreras tecnológicas, lo que ocasionó que se formaran millones de ingenieros y técnicos desvinculados de los problemas de sus comunidades o la sociedad.
Sin entrar en la definición de la misión de la universidad, las líneas de investigación se fueron diversificando y siendo cada vez más ajenas a lo local conforme avanzó esta etapa, y los apoyos a los proyectos de investigación se fueron concentrando cada vez más a las tecnologías y menos a los aspectos sociales de la investigación, ya desvinculados entre sí.
Al mismo tiempo, los salarios de los investigadores fueron contenidos y solo mediante estímulos a la “productividad” como el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) permitió que esa pérdida del poder adquisitivo de los universitarios se compensara, metiendo a la ciencia en la lógica del neoliberalismo con parámetros de publicación de artículos, creando frases como “solo la ciencia publicada es ciencia” que dejan de lado el impacto que tienen dichas publicaciones a la realidad de los millones de mexicanos que ven sus problemas del día a día sin resolver, mientras los investigadores se centran en “producir” para no ver sus ingresos llegar a la mediocridad salarial.
Al entrar el gobierno actual, los procesos de otorgamiento de financiamiento a la investigación empiezan a cambiar, tratando de introducir indicadores de impacto más directo sobre las comunidades de los proyectos propuestos, como lo fue el apoyo a los desarrollos de tecnología que tenían relación con el virus SARS-CoV-2 o el COVID 19 durante la pandemia mundial, dicho cambio ha creado confusión en el sector de la investigación, porque no queda clara la intención de este cambio, ya que se pretenden alejar de las políticas neoliberales, pero mantienen sistemas como el SNI donde la primicia es la producción de artículos.
Con esto hay que preguntarse si los cambio en los apoyos a la investigación son adecuados, ¿tiene más impacto real el que un investigador mejore un ínfimo porcentaje la efectividad de un catalizador para la producción de un biocombustible o que un historiador rescate el archivo histórico de un pueblo?
Quizá el primar caso, se perderá entre los cientos de artículos publicados mundialmente, eso sí, en una revista de alto impacto científico, pero que no contribuirá en mucho a mejorar la comunidad donde se realizó el estudio. El segundo caso, sin embargo, puede otorgarle identidad a una pequeña comunidad, que, si bien es posible que no pueda ser publicable en una revista de alto impacto, cambiará la forma en que esa comunidad percibe su origen.
La libertad de investigación debe permanecer siempre, sin embargo, el estado a través de sus universidades debe comprometerse a apoyar a los proyectos que tengan un impacto más directo sobre la sociedad, orientando los esfuerzos económicos al bien común y no al lucro de la iniciativa privada (IP), como en otros tiempos, para eso, la IP puede destinar recursos propios, sin descartar que en muchos casos puede existir una sinergia entre IP, sociedad y gobierno.
Es un debate que debemos realizar los universitarios y al mismo tiempo, buscar nuevas fuentes de financiamiento para los temas que salgan de la agenda nacional.
