Cruzar fronteras es un asunto de vida o muerte. Tan sólo de enero a mayo, se tenía conocimiento de que al menos 37 migrantes indocumentados habían fallecido intentando entrar a Estados Unidos. El 13.5% de quienes fallecieron eran mujeres. A esta trágica cifra, se le agregan 50 personas más quienes fueron encontrados muertos en el interior de un tráiler en Texas.
Estas muertes no son casualidad, son producto de una serie de decisiones tomadas hace 28 años por la administración Clinton. La frontera entre Estados Unidos y México ha tenido históricamente una gran porosidad, en que la geografía ha sido la barrera natural para el paso de las personas. En 1994 el Gobierno de Bill Clinton, preocupado por el paso de migrantes indocumentados en San Diego, iniciaría la operación Guardián (Gatekeeper), para construir muros y barreras en los cruces «naturales» de los 3,145 kilómetros que se tienen de frontera entre México y Estados Unidos. Esta acción sería la que levantaría un muro entre ambos países, y obligaría a los y las migrantes sin papeles a buscar rutas cada vez más peligrosas para entrar a Estados Unidos.
Fue una decisión deliberada con un costo humano que el Gobierno Estadounidense no desconocía. Sabían que costaría vidas, pero esperaban que el peligro añadido lograra parar el flujo migratorio. En cambio, la decisión simplemente aumentó el número de migrantes que mueren al tratar de cruzar la frontera. Esto porque como bien sabemos: una decisión política que no tiene en cuenta condiciones sociales y económicas está destinada al fracaso. Los picos migratorios hacia Estados Unidos corresponden a factores económicos, crisis económicas en los países de origen, y sociales, como la inestabilidad política.
La administración de Trump hizo de la frontera uno de los asuntos más relevantes para el debate público. Un debate que rara vez utilizaba datos y hechos, y prefiere llamar a los prejuicios más intrínsecos. A pesar de esto, la patrulla fronteriza estadounidense ha reportado que ha tenido 1.6 millones de encuentros con migrantes a lo largo de la frontera tan sólo en 2021. Se espera conforme las crisis económicas post-covid se siga asentando la migración a Estados Unidos, un país que sigue necesitando de mano de obra para activar su economía.
A pesar de que la mayoría de los y las indocumentados que cruzaron en 2021 fueron mexicanos, se tiene que hay una tendencia cada vez de tener menos mexicanos cruzando la frontera norte. En 2021 sólo el 37% del total de migrantes sin papeles era de México, y el resto era de otros países. Esto ha traído una dinámica diferente a un problema que ya era complejo. Los asilos para migrantes en las ciudades fronterizas han pasado a ser ocupado por poblaciones tan diversas como haitianos y ucranianos. Por otra parte, la gran parte de quienes intentan migrar proceden del llamado triángulo norte, la región de Centroamérica que conforman Guatemala, Honduras y El Salvador.
Conforme más difícil se vuelve cruzar la frontera, mayores incentivos hay para la creación de un mercado negro de tráfico de personas. Los «Coyotes» operan de la mano de los cárteles, quienes utilizan las mismas rutas para el tráfico de drogas. Se reporta que la tarifa por cruzar puede ir desde 141 mil pesos hasta los 300 mil pesos por cabeza. Esta criminalización expone a los y las migrantes, pues los Coyotes no se hacen responsable por la seguridad de la gente que cruza. La tragedia de este lunes 27, y de sus hasta ahora 50 muertos es tristemente una historia más dentro del enramado de la frontera. Además de la muerte, las y los migrantes se exponen a extorsiones, donde tienen que someterse a trabajo forzado para pagar su deuda, o agresiones sexuales en el caso de las mujeres. Según Médicos sin Fronteras, 1 de cada 3 mujeres sufre violaciones en el proceso de migrar sin papeles hacia Estados Unidos. Mientras que en 2019 se presentaron 4500 quejas sobre abuso sexual infantil en los menores que estaban bajo custodia de la patrulla fronteriza.
Las y los migrantes sufren abusos en cada parte del trayecto, y por parte de múltiples actores, incluso aquellos que supuestamente buscan salvaguardarlos. Se les trata como los y las peores criminales, cuando las violaciones a las leyes migratorias no son asuntos penales si no administrativos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado constantemente de la necesidad de establecer un diálogo más honesto entre Estados Unidos, México y Centroamérica en materia migratoria, que refleja las realidades de la migración y deje de satanizarla. En la próxima reunión del 12 de julio con la administración de Biden hay que esperar que este reclamo caiga en oídos justos.
