Este domingo, el Congreso de la Unión discutirá y llevará a votación la iniciativa de Reforma Eléctrica propuesta por el Gobierno Federal, a través de la cual se plantea la recuperación de la seguridad, soberanía y autosuficiencia energéticas de la nación y un ordenamiento justo y equitativo de la participación del sector privado en la generación de electricidad.
Entre los diputados zacatecanos que se han pronunciado está Jorge Álvarez Máynez, ex militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Partido Nueva Alianza (Panal) y ahora militante de Movimiento Ciudadano (MC), quien declaró en redes sociales que votará en contra.
De igual forma, Noemí Berenice Luna Ayala y Miguel Ángel Varela Pinedo, del Partido Acción Nacional (PAN); así como Miguel Ángel Torres Rosales del PRD, también han dado a conocer públicamente su voto en contra de la Reforma
Por su parte, Alfredo Femat Bañuelos, diputado del Partido del Trabajo (PT), se ha pronunciado a favor de la iniciativa, mientras que la ex gobernadora Amalia García Medina, actual diputada del MC, no se ha manifestado al respecto.
Benelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también ha expresado estar a favor de la reforma, pero ha trascendido que su homólogo, Marco Antonio Flores Sánchez, se ausentará de la sesión para cumplir con compromisos artísticos, al ser vocalista de Banda Jerez.
Mientras tanto, Carolina Dávila Ramírez, diputada del PRI, expresó en redes sociales que votará en contra, mientras que Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del mismo partido, no ha emitido alguna postura. Finalmente, Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, votará a favor de la reforma.
La Reforma Eléctrica propone, en el rubro de la seguridad y autosuficiencia energéticas, establecer un esquema tarifario que permita reducir el precio de la luz en el alumbrado público y el bombeo de agua potable, saneamiento y doméstico; así como de hospitales, centros de salud y escuelas públicas.
También faculta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como responsable del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y de la ejecución de la transición energética en materia eléctrica.
Plantea, además, la cancelación de los Certificados de Energías Limpias y, en su lugar, instrumentar mecanismos que contribuyan a la transición energética e incrementen el uso de fuentes limpias y renovables, así como nacionalizar el litio como mineral estratégico para la transición energética.
Es decir, la iniciativa “consolida las bases para alcanzar la seguridad y soberanía energéticas de la nación y el servicio de energía eléctrica será universal y de interés público, por lo que dejará de ser un servicio comercial en beneficio de las empresas”.
Asimismo, permitirá un ordenamiento eficaz en las actividades de generación, conducción, transformación, distribución y suministro energía eléctrica y ordena de manera justa y equitativa la participación del sector privado en la generación de electricidad en hasta 46 por ciento de la demanda eléctrica nacional.
Impulsa, además, la autogeneración y autoconsumo de electricidad para las familias mexicanas, pequeñas y medianas empresas, ayuntamientos y organizaciones sociales sin fines de lucro, a través de la Generación Distribuida.
Por otra parte, fortalece la generación de electricidad a partir de fuentes de energía limpias y renovables, la eficiencia energética y el aprovechamiento sustentable de la energía y coadyuva a proteger el derecho humano a un medio ambiente sano a través del uso sustentable de las fuentes de energía de las que dispone la Nación, contribuyendo así a las acciones de adaptación y mitigación de gases de efecto invernadero.
Otro aspecto de la reforma es que promueve políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para garantizar la transición energética, impulsadas por el financiamiento de la banca de desarrollo que servirán como palancas de desarrollo para crear empresas públicas, privadas y sociales de capital nacional.
Finalmente, asegura la disponibilidad del litio y demás minerales estratégicos necesarios para la transición energética soberana y se prevé generar ahorros a la CFE al eliminar instrumentos económicos, como los certificados de energía limpia que sólo benefician a las empresas privadas extranjeras.
Los argumentos que expone la reforma para concretarla, es que la reforma energética de 2013 tuvo como propósito impulsar el desarrollo económico, afectando al SEN, la CFE y las familias mexicanas, pues favoreció a un reducido grupo de empresas del sector privado, otorgándoles beneficios ilimitados en detrimento de la empresa pública y del Estado.
“En razón de lo anterior, el dictamen tiene un claro objetivo social por lo que se reconoce a la electricidad como un derecho humano indispensable para el goce y ejercicio de los demás derechos, como: el acceso al agua potable, la salud, la educación, la alimentación suficiente y de calidad, una vivienda digna, entre otros, a través de tarifas eléctricas justas y sociales”.
El dictamen también expone que “el Estado es responsable del Control y Planeación del SEN, y de manera exclusiva de las actividades de Transmisión y Distribución. Se dio apertura a la participación de las empresas privadas en las actividades de generación, suministro calificado (grandes industrias), suministro básico (doméstico) y a la creación de un Mercado Eléctrico Mayorista”.
Explica que el modelo actual del sector eléctrico pone en riesgo el suministro de electricidad al no cumplir cabalmente con los criterios de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el SEN, toda vez que, existe un control y planeación de manera desordenada.
En consecuencia, el dictamen propone que el Estado se encargue de la planeación y control del SEN y de sus actividades inherentes (generación, conducción, transformación, distribución y suministro energía eléctrica), siendo la CFE la responsable de llevarla a cabo.
Al respecto, señala que, antes de 2013, la participación de la CFE en la generación de electricidad fue de 63 por ciento y de los privados de 37 por ciento. Con la reforma de 2013, se impulsó la participación de las empresas privadas en la generación de electricidad y se limitó a la CFE en esa actividad, a tal grado que para 2021 el porcentaje de participación fue de 62 para los particulares y 38 por ciento para la CFE; es decir, casi se invirtió el porcentaje de participación en menos de 10 años.
Es decir, la iniciativa tiene por objeto que la CFE tenga mayor participación en la generación de electricidad por ser la responsable del SEN y, con el apoyo de las centrales privadas, garantizar el acceso a la electricidad, por lo que se propone una participación de 54 por ciento por parte de la CFE y hasta 46 por ciento de los particulares en la generación de la energía limpia.
En otro ámbito, el dictamen plantea elevar a rango constitucional la transición energética, con la finalidad de utilizar todas las fuentes de energía sustentable de las que dispone la nación y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual tiene suma importancia dentro de la política nacional de cambio climático y de los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
Respecto a la nacionalización del litio para la transición energética, la reforma tiene el objetivo de evitar que se otorguen concesiones para su exploración y explotación, así como de los minerales estratégicos necesarios, asegurando la disponibilidad nacional de estos recursos en un futuro.
