La Jornada reportó que el 83 por ciento del territorio nacional está en algún grado de sequía, y mientras un 2 por ciento de usuarios acapara el 70 por ciento de las concesiones, hay 8.5 millones de personas que no tienen siquiera conexión a la red de agua potable. Y un dato esencial: en un solo año la minería extrajo 437 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale al consumo de agua de 5 estados del país.
En 2011 tuvimos una sequía parecida, y los daños fueron enormes: millones de personas pasaron debajo de la línea de pobreza, la ganadería devastada y los precios de los alimentos elevados. No hay nada que no tenga que ver con el agua. Nada. Así las cosas, debemos preguntar, ¿qué hace el Estado para enfrentar y gestionar la sequía? Esa es la cuestión.
Generalmente, lo que han hecho los diversos gobiernos en los periodos secos, es contar con algunos fondos para paliar algunos de sus efectos más perniciosos, era justamente la función del Fonden: se declaraba en desastre natural y se inyectaban algunos recursos para el transporte de pipas, comprar alimentos y repartirlos mediante despensas, y así. Es decir, una gestión reactiva y de corto plazo. Mediocridad absoluta. Ahora estamos un poco peor, porque ya ni el Fonden existe. Por el contrario, los expertos recomiendan una gestión preventiva y estructural de sequias (y todos los llamados eventos extremos).
Cuando no llueve, todo el peso recae en las aguas del subsuelo. Luego entonces, la clave está en proteger esas aguas. ¿Cómo se protegen? Regulando el gasto de los acuíferos de la agricultura y minería. Ambas gastan agua sin costo a su inversión. Los sistemas de riego y la explotación minera de capital extranjero están sueltas. Mientras el gobierno no diseñe una política de Estado en materia de agua, los riesgos de las sequías serán brutales. Con el cambio climático, las crisis hídricas son cíclicas, así que lo mejor es prevenir los efectos de forma eficiente y de largo plazo. Es lo que se llama ‘prevención estable’. Sin embargo, implica costos políticos que deben asumir para el bien de la nación.
El caso de Israel es un modelo: su política de gestión de Estado de aguas es una muestra de lo que se puede hacer, aun cuando el 70 por ciento de su territorio es desierto y tienen pocas fuentes de agua dulce. La inversión en investigación e innovación en el tema de agua es impresionante: los proyectos de desalinización de agua de mar y la síntesis de agua atmosférica parecen de magia. Y la planeación desagregada por metro cúbico de agua, que aprovecha el líquido hasta el extremo de exportar productos agrícolas generados en zonas de dunas. ¿Y México? Pues es rico en demagogia y en ideología líquida de los gobernantes (antes de tomar el poder son de izquierda y dentro del poder son de seca derecha). Una política de Estado trasciende todas las ideologías o corrientes o partidos políticos: el agua es el sinónimo de la vida, por tanto, no hacerlo implica lanzar al país a experiencias crueles de muerte.
