El ingeniero mecánico Genaro García Luna, de 54 años, será juzgado desde mañana martes 17 de enero de 2023, en Nueva York, acusado de haber ayudado al cártel de Joaquín «El Chapo» Guzmán a introducir 53 toneladas de cocaína en Estados Unidos de América (EUA) entre 2001 y 2012, así como de mentir cuando en 2018 solicitó la nacionalidad estadounidense. La justicia estadounidense alega que, a partir de enero de 2001, se «convirtió en miembro de la conspiración del Cártel de Sinaloa», ayudándolo con información sobre operaciones policiales, deteniendo a miembros de cárteles rivales y colocando a otros funcionarios corruptos en influyentes puestos de poder. A cambio, recibió «millones de dólares», asegura. El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó al juez Brian Cogan que Genaro García Luna, después de 2012, tras retirarse del servicio público en el gobierno federal mexicano, continuó colaborando con el Cártel de Sinaloa y llenándose los bolsillos de dinero proveniente del narco hasta 2019.
La historia del ex secretario de Seguridad Pública se conoce poco, pero el juicio mostrará la profunda descomposición del régimen instaurado por los políticos neoliberales, que lo llevó a convertirse en el segundo hombre más poderoso del país en el sexenio de Calderón. Dirigió áreas de inteligencia y contraterrorismo en el gobierno priísta de Ernesto Zedillo, entre 1994 y 2000, y durante el gobierno de Vicente Fox, entre 2001 y 2005, en la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y de 2006 a 2012, fue secretario de Seguridad Pública del gobierno del presidente Felipe Calderón, con control de la Policía Federal. Él encabezó la guerra declarada por el gobierno el 11 de diciembre de 2006, cuando el gobierno federal anunció un operativo contra el crimen organizado en el estado de Michoacán. Detenido el 4 de diciembre de 2019 en Dallas, estado de Texas (sur), García Luna se ha declarado no culpable de los cargos que podrían acarrearle una condena de entre diez años de cárcel y cadena perpetua. Su nombre surgió en los expedientes en 2018 durante el juicio de “El Chapo” Guzmán (condenado a cadena perpetua en Estados Unidos), efectuado en el mismo tribunal de Brooklyn donde ahora será juzgado por el mismo juez: Brian Cogan.
La defensa solicitó el 10 de enero al juez que le permita presentar pruebas de las reuniones de García Luna con responsables del gobierno estadounidense, así como felicitaciones y premios que recibió de Estados Unidos «por sus esfuerzos en combatir a los cárteles de la droga mexicanos». «En este caso, las pruebas de la estrecha relación del Sr. García Luna con las fuerzas de seguridad estadounidenses y legisladores es muy relevante», según el abogado. Sin duda que es relevante para que se abran carpetas de investigación hacia esos personajes, para investigar cómo fue que decidieron encubrirlo. La buena suerte de García Luna cambió en 2018, durante el juicio a “El Chapo” Guzmán, cuando Jesús Zambada, un exlíder del Cártel de Sinaloa, testificó que le había entregado sobornos cuando él era un alto funcionario mexicano y aliado de Estados Unidos.
Un día después de dimitir en México en 2012, García Luna se mudó con su familia a Miami con una visa de inversionista. El actual gobierno de México ha pedido su extradición a Estados Unidos, y acusa a García Luna de desviar más de 200 millones de dólares del erario hacia empresas de su familia. El gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, intenta demostrar que los pagos que recibía en su domicilio, de alrededor de 60,000 dólares, provienen de un intrincado esquema de corrupción, así como de entregar ilegalmente casi 600 millones de dólares en contratos de seguridad, y que una parte de los contratos se habría pagado con dinero del gobierno estadounidense. En septiembre de 2021 la administración de AMLO presentó una demanda en Estados Unidos para recuperar activos de García Luna en ese país.
La acusación de los fiscales exhibe los altos niveles que habría alcanzado la corrupción en México, y el juicio puede revelar a políticos de alto nivel involucrados, y cómo fue que se convirtió en el hombre de confianza de la DEA en México. Javier Herrera Valles, excomandante de la Policía Federal, ha dicho que en 2008 advirtió a la embajada de Estados Unidos en México sobre vínculos corruptos de García Luna y el Cártel de Sinaloa. Dos años después, Estados Unidos inició el envío de ayuda mediante la Iniciativa Mérida, que desde ese año hasta 2021, recibió más de 3,000 millones de dólares. García Luna manejó algunos de esos recursos. La Auditoría Superior de México descubrió más tarde que una parte del equipo se perdió, otra se usó para espiar a políticos o financiar unos montajes con Carlos Loret para limpiar la imagen de la policía.
Durante esos años, las organizaciones criminales mexicanas crecieron y se expandieron a todo México y al mundo. Ahora trafican drogas hacia mercados en cinco continentes. Desde entonces, cientos de miles de personas han sido asesinadas en México. En Estados Unidos, casi un millón han muerto por sobredosis desde 1999 hasta 2020. Es evidente que los cárteles de la droga mexicanos se convirtieron, durante su relación con García Luna, en máquinas violentas con grán capacidad corruptora, lo que obligó al nuevo gobierno a eliminar las agencias de inteligencia y la Policía Federal Preventiva, y a crear, desde cero, la Guardia Nacional.
La fiscalía neoyorquina anunció que tiene millones de páginas de pruebas. También cuenta con varios testigos clave que declararán cómo García Luna amasó una fortuna con sobornos, mientras allanaba el camino a los cargamentos de cocaína. Esto le habría permitido vivir como millonario, lo que no cuadraba con su sueldo de servidor público.
