México, DF. La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) demandó a los funcionarios federales, estatales y municipales que en el proceso de consulta citado participen todas las colonias y secciones del municipio y todas las comunidades aledañas a Juchitán antes de los acuerdos previos sobre la instalación del parque de Eólica del Sur, Mareña Renovables y/o cualquier otra empresa o persona moral que tenga como finalidad desarrollar la industria eólica y/o renovable.
Esto -explicó la organización- porque «pertenecen al pueblo zapoteca, son indirectamente afectadas y forman parte de las 68 mil 112 hectáreas de los Bienes Comunales de Juchitán» que incluyen a Unión Hidalgo, Xadani, Espinal, Chicapa y parte de la Ventosa.
Exigió, además, que se anule la consulta de El Espinal «porque contempla el mismo proyecto y el mismo polígono. Y si no es así, explíquenos ustedes qué carácter tiene esa consulta en comparación con esta que ahora estamos realizando».
La APPJ indicó que ha buscado evidenciar las afectaciones y las violaciones a los derechos del pueblo zapoteca que los parques eólicos han realizado en su territorio indígena.
«Nuestra labor siempre se ha basado en la crítica a este modelo de desarrollo que ha omitido nuestros derechos y que ha querido anular nuestra voz a través de las empresas trasnacionales y a través de los gobiernos corruptos que han engañado, mentido, traicionado y despreciado al pueblo indígena zapoteca».
Agregó que en estos días «han visto que no hay confianza en ustedes como autoridades porque muchas y muchos zapotecos piensan que esta consulta es sólo un requisito a completar para que la empresa Eólica del Sur comience con su funcionamiento» pero, apuntó, «este espacio debe servir para que demuestren que quieren hacer su trabajo acorde a los máximos estándares internacionales en derechos humanos».
Por ello, reclamó información por escrito antes de llegar a un acuerdo respecto al protocolo, la metodología y el calendario de actividades para esta consulta, como por ejemplo cuál es el régimen al que pertenecen las tierras de la jurisdicción de Juchitán; si se ha otorgado algún permiso, concesión o manifestación de impacto ambiental por alguna de las autoridades federales, estatales o municipales que estén involucrados en las autorizaciones del proyecto Eólica del Sur y si existe ya alguna obra de construcción dentro del polígono contemplado en dicho proyecto.
Asimismo, que informen si los contratos de arrendamiento que ha realizado ya la empresa Eólica del Sur y los posesionarios del polígono contemplado para el proyecto son legales y cumplen con el respeto a los derechos de sus paisanos.
También que el Registro Público de la Propiedad informe si dentro del polígono donde se pretende instalar el proyecto eólico se encuentran inscritos contratos de arrendamiento entre pequeños propietarios privados y la empresa Energía Eólica del Sur S.A.P.I.
La APIIDTT, que agrupa a indígenas zapotecas e ikjoots, afirmó que las condiciones en las que se están realizando los foros «no son las pertinentes para poder recibir la información, analizarla y presentar propuestas» sobre el citado proyecto eólico.
Aseveró que las asambleas realizadas «tienen una dinámica de falta de razonamiento, donde participan tanto personas convocadas en los grupos de sujetos identificados por el comité técnico, como personas acarreadas, trabajadores del ayuntamiento municipal y seguidores de los partidos políticos».
Dichas personas «acuden con la intencionalidad de rechazar propuestas críticas a la oficial y acelerar el proceso para que se dé en el menor tiempo posible la aceptación del proyecto eólico, sirviéndose de gritos e insultos y del hostigamiento con gente armada».
Para modificar el protocolo presentado por la Sener, la APIIDTT propuso que dicha dependencia establezca que “cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que podrían afectar la integridad de las tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas, el Estado tiene la obligación no sólo de consultar a los pueblos, sino también de obtener su consentimiento libre, informado y previo, según sus costumbres y tradiciones”.
Agregó que el protocolo debe incluir «medidas y sanciones contra aquellos funcionarios de los tres órdenes de gobierno o terceros que violen el derecho a la consulta a través de presiones, amenazas, descalificaciones y cualquier forma de violencia o criminalización que intente manipular la decisión libre de las comunidades».
