El Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco reiteró su postura de rechazo a la presa Milpillas y acusó al gobernador David Monreal Ávila y a otros funcionarios de iniciar una campaña de desacreditación y difamación en contra de los ejidatarios que se oponen al proyecto.
“La presa Milpillas pone en riesgo nuestras vidas, además de estar plagado de inconsistencias e irregularidades técnicas, jurídicas y sociales, incurre en violaciones flagrantes a los derechos humanos, atenta contra la libre determinación que tenemos como núcleos agrarios y al derecho de elegir cómo queremos vivir de quienes habitamos en la cabecera municipal, las comunidades y ejidos”, expresó la organización.
A través de un pronunciamiento, señalaron que la titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), Susana Rodríguez Márquez, pretendió desprestigiar y deslegitimar al movimiento en contra del proyecto durante su comparecencia ante la Legislatura del Estado al afirmar que “pseudolíderes” eran los opositores, mientras que el gobernador calificó de “politiquerías e intereses aviesos” a las acciones que realizan las comunidades en contra de la presa.
“Resulta alarmante la retórica de estos funcionarios a la luz de los antecedentes violentos de hace 6 años, cuando el gobierno estatal usó la fuerza pública en el ejido El Potrero de Jiménez del Teul, para imponer el proyecto en la asamblea ejidal, amedrentando a las y los ejidatarios, violando la ley agraria y los derechos humanos como el libre tránsito y el intento de detención arbitraria contra compañeras”.
De acuerdo con el movimiento, el Gobierno del Estado intenta activar reacciones de odio contra los ejidatarios con el pretexto de la crisis hídrica, cuando la gran industria (mineras, refresqueras y cerveceras) es realmente la responsable del saqueo y acaparamiento del agua en el estado.
“Por lo anterior, responsabilizamos al estado de Zacatecas por cualquier acto de violencia en contra de cualquier defensora/or, organización y académicas/os aliadas del Movimiento del Río Atenco”, agrega el documento.
Ante estas intenciones de reactivar el proyecto, reiteró su “contundente rechazo nacido de la voluntad de las asambleas ejidales desde la autonomía y la libre determinación y la ciudadanía de la cabecera municipal, además de que ha sido demostrado que es inviable y presenta una serie de irregularidades y corruptelas”.
Por último, señala que se han interpuesto varias denuncias contra el proyecto: en el Ministerio Público (folio: 344/2018 344 de 26/oct/2018), al Tribunal Unitario Agrario (folio:1710/2018), a PROFEPA (11/ene/2019), la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (23/10/2018) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (folios: 96192/2018, y 96259/2018).
De estas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas emitió la Recomendación 10/2022 en julio del 2022, en relación con la queja CDHEZ/453/2018 “misma que no ha sido acatada por el Gobierno del Estado, ni en la reparación a nosotras/os como víctimas, ni en los procesos administrativos contra funcionarios/as públicas”.
