La idea de que el Estado posee el monopolio de la fuerza y la autoridad es una piedra angular de la teoría política moderna. Sin embargo, en la práctica, esta premisa se ve desafiada constantemente por la emergencia y consolidación de un fenómeno que Lessing (2020) denomina «gobernanza criminal». Lejos de ser meros parásitos o elementos disfuncionales, las organizaciones criminales se erigen como actores que imponen reglas y restricciones de comportamiento no solo a sus miembros, sino también a otros criminales y, de manera crucial, a civiles no involucrados en actividades ilícitas. Comprender este fenómeno es vital para desentrañar las complejidades de la seguridad y el orden en vastas regiones del mundo.
Lessing (2020) subraya una distinción fundamental: la gobernanza criminal no busca suplantar al Estado, sino que opera incrustada dentro de sus dominios. Esto la diferencia de la gobernanza rebelde, que aspira a un control territorial exclusivo. En cambio, los grupos criminales prosperan en «bolsillos» de baja presencia estatal, superponiendo su autoridad de manera «silenciosa» con la del Estado. Esta coexistencia, a menudo competitiva o incluso colusoria, da lugar a lo que Lessing denomina el «dúopolio de la violencia», una dinámica donde el Estado, paradójicamente, no logra eliminar al crimen que supuestamente combate.
La influencia de estos grupos se extiende a múltiples niveles y dimensiones. Desde la gobernanza interna sobre sus propios miembros hasta la regulación de mercados criminales y, de forma más perturbadora, la «gobernanza criminal-civil» sobre la población no criminal. En este último ámbito, las organizaciones criminales asumen roles que, en teoría, corresponden al Estado: funciones policiales (prohibiendo robos o regulando la violencia), judiciales (resolviendo disputas y administrando castigos), fiscales (recaudando «impuestos» o extorsiones), reguladoras (de mercados lícitos e ilícitos) e incluso políticas (influyendo en elecciones y la política comunitaria). Durante la pandemia de COVID-19, vimos ejemplos claros de cómo estas organizaciones asumieron roles de «respuesta a emergencias», llenando vacíos dejados por la autoridad formal.
Los estilos de gobernanza criminal también varían, desde una autoridad carismática-personalista, centrada en líderes individuales y decisiones arbitrarias (como el Comando Vermelho en Río de Janeiro), hasta una autoridad racional-burocrática, con estructuras unificadas y procesos estandarizados (como el Primeiro Comando da Capital en São Paulo). Esta diversidad refleja la adaptabilidad y complejidad de estos grupos.
Las lógicas que impulsan a las organizaciones criminales a ejercer gobernanza son diversas y multifacéticas. Para otros criminales, puede ser una cuestión de extracción de rentas, autoprotección o influencia política. Para los civiles, la gobernanza criminal puede ofrecer una reducción de la exposición a la policía, una vía para la influencia política, un aumento de las ganancias al crear entornos seguros para sus actividades ilícitas, o incluso beneficios no materiales como el estatus o la evitación de la vergüenza. En esencia, la gobernanza criminal puede ser una estrategia pragmática para consolidar su poder, proteger sus operaciones y, en última instancia, maximizar sus beneficios.
Quizás el concepto más provocador de Lessing es el de la simbiosis entre el crimen y el Estado. Contrario a la visión de que el crimen es siempre dañino para el Estado, la simbiosis describe una coexistencia donde las funciones y estrategias de supervivencia de una entidad benefician a la otra, a menudo de forma no intencional o incluso perversa. Políticas estatales como la prohibición de drogas o el encarcelamiento masivo pueden, sin quererlo, fortalecer a las organizaciones criminales al proveerles recursos y oportunidades de reclutamiento. A la inversa, la gobernanza criminal, al mantener cierto «orden» en prisiones o periferias urbanas, puede permitir a los estados desentenderse de la provisión de servicios básicos. El caso del PCC en São Paulo, donde la reducción de homicidios por parte de la pandilla benefició paradójicamente al Estado, ilustra esta compleja interdependencia.
En conclusión, la gobernanza criminal no puede entenderse como un fenómeno aislado del Estado. Su omnipresencia, sus variaciones y su relación simbiótica con la gobernanza estatal exigen una investigación más profunda y un replanteamiento de las políticas de seguridad. Ignorar la capacidad de estas organizaciones para «gobernar» es subestimar su resiliencia y su impacto en la vida de millones de personas. La metáfora biológica del crimen como un «virus» o «parásito» puede ser engañosa; la realidad es que las relaciones simbióticas, aunque incómodas de reconocer, son quizás más comunes de lo que quisiéramos admitir. Es hora de enfrentar esta realidad y adaptar nuestras respuestas a un paisaje donde la autoridad no siempre reside en la institución que se supone la posee.
@armandogn_zac
