México, DF. La Comisión de investigación sobre la Línea 12 del Metro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el informe final que se someterá a votación del pleno este jueves, en el que se señalan observaciones, irregularidades y deficiencias en los procesos de licitación, adjudicación, contratos, empresas supervisoras y certificadoras, mantenimiento, entrega recepción, entre otros, que incidieron en las fallas que ocasionaron el cierre parcial del servicio.
Si bien no se señala a probables responsables, “este informe da líneas de investigación suficientes para que se investigue a otros funcionarios”, sin descartar que se pueda vincular a superiores jerárquicos de la pasada y actual administración, sostuvieron los diputados Héctor Saúl Téllez y Christian Damian Von Roehrich, en entrevista posterior a la reunión de trabajo en la que se aprobó el documento y se desarrolló a puerta cerrada.
El presidente de la comisión, Jorge Gaviño Ambriz, designado como vocero tras la reunión, dijo que si bien la ALDF ya autorizó al gobierno de la ciudad un presupuesto de alrededor de 900 millones de pesos para los trabajos de rehabilitación de la línea, espera que la administración local pueda recuperar esos recursos a través de las reclamaciones que tiene con las empresas.
“Esperemos que gane el Gobierno del Distrito Federal y no tengamos que ser los capitalinos los que tengamos que pagar por estos errores”.
Entre las observaciones que dijo contiene el documento fue el haber usado el concepto de “racionalización” dentro del contrato, donde la propuesta original del GDF para realizar la obra era de alrededor de 17 mil 500 millones de pesos, la oferta más baja rebasaba en unos dos mil millones de pesos y en lugar de declarar desierta la licitación se firmó el contrato pidiendo a la empresa que se ajustara a los 17 mil 500.
“Esta racionalización en la vía de los hechos se tradujo en un sin número de modificaciones, reducciones de alcances de obra y problemas administrativos que actualmente saltan a la vista”, señaló.
Otra observación es el que se hicieron pagos anticipados a la empresa CAF que suministró los trenes, como si se tratara de un contrato de arrendamiento, cuando lo que se firmó fue un contrato de prestación de servicios a largo plazo (PPS), en la que dicha compañía debió asumir la inversión de la construcción de los convoy y el gobierno sólo pagar el servicio.
