La democracia, en su modelo tradicional, se enfrenta a un reto nunca antes visto frente al contexto de desigualdad, corrupción, violencia y el uso de las tecnologías de la información, marcadamente la aparición y los efectos de la popularización de las redes sociales, lo que ha contribuido a una pérdida en la credibilidad, la confianza y la fortaleza misma de todas las instituciones, los procesos políticos y los actores participantes, tanto en lo general como en lo individual. Todo lo anterior requiere de creatividad, innovación y un esfuerzo consecuente, sustancial y sensible socialmente, para enfrentar la circunstancia como una oportunidad para la actividad pública y especialmente, para la política democrática. Todos los retos que enfrenta hoy la democracia, particularmente en nuestro país, significan también la oportunidad de nuevos tiempos, para la creatividad, la innovación y la propuesta programática. Más aún, si consideramos un cambio de paradigma en la clase política, en el gobierno y también en la agenda pública, pues constituye la circunstancia para el rediseño, la reconciliación de esperanzas, anhelos y los bríos con las prácticas. Por ello y a manera de propuesta esquemática, desde esta participación, apuntamos las siguientes ideas, para deliberarse, ampliarse, descartarse o simplemente, provocar la discusión, el diálogo y el debate en torno a ellas: Primero, reformar la Constitución para incluir el concepto de Estado Abierto y vincularlo con el Derecho al Buen Gobierno, lo que permitiría desprender de estos dos términos, una serie de estrategias, políticas, acciones y mecanismos de garantía, que contribuyeran a una reconciliación con la democracia y sus características intrínsecas en esta nueva época. Segundo, vincular la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto, al ejercicio recaudatorio, a través, no solo del presupuesto participativo, sino creando una bolsa participable y concursable, en cuya fórmula de distribución se valoren mecanismos de participación, transparencia proactiva y percepción de buen uso y destino de los recursos públicos de parte de la ciudadanía para los municipios. Tercero: una novedosa legislación en materia de participación, pero también de incidencia ciudadana, que contenga, cuando menos las siguientes figuras normativas de participación e incidencia: El plebiscito; El referéndum; Consulta Popular (mecanismos de democracia directa); Gobierno Abierto; Parlamento Abierto; Justicia Abierta; Cabildo Abierto; Presupuesto participativo; Planeación participativa; Consulta Ciudadana; La iniciativa popular; Proyecto Legislativo del Ciudadano (mecanismos de incidencia ciudadana); asambleas vecinales; Comités de Participación Social; Parlamento Ciudadano; Consejos Consultivos Ciudadanos; Asociación para la participación; y Clubes de migrantes (Mecanismos de organización social y ciudadana para la participación).
Ya hemos utilizado estas páginas para hablar también de la municipalización del modelo del Sistema Nacional Anticorrupción y del propio Sistema Estatal, a través de la creación obligatoria para los municipios con una población mayor a los cincuenta mil habitantes, y de la posibilidad de hacerlo así por acuerdo del Ayuntamiento en el resto, de una Comisión Municipal Anticorrupción (CoMunA), con la siguiente integración: Un presidente, que será un ciudadano electo, mediante mecanismo democrático, abierto y transparente por la sociedad; un secretario técnico, que será el contralor municipal (figura ya existente), el titular de la Unidad de Transparencia del Municipio (figura también ya existente), el síndico, dos regidores de las dos principales fuerzas políticas de oposición representadas en el Cabildo, un representante del Alcalde y a su vez, un representante de la Auditoría Superior del Estado y uno de la Secretaría de la Función Pública. En total nueve integrantes. Derivado de que solo se crearía una nueva figura (la del Representante Ciudadano), no se estaría generando más burocracia, y, al contrario, se abriría la puerta a la voz de la sociedad no identificada con un proyecto partidista. A su vez, debe quedar claro que los funcionarios ya existentes no recibirán remuneración extra alguna por esta nueva labor pública.
@CarlosETorres_
