■ Una vez aprobado el dictamen, la ASE dará 20 días hábiles a los acusados para defenderse
Los 30 ex diputados de la 60 Legislatura se llevaron indebidamente 26 millones 904 mil 265 pesos; es decir, 883 mil 145 pesos cada uno de ellos, dinero que ya no les correspondía porque se trataba de las herramientas legislativas del periodo septiembre-diciembre de este año, meses en los que ya está en funciones la nueva administración.
Así lo arrojó la auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), con motivo del paquete de entrega-recepción de la pasada Legislatura, misma en la que también se encontró que el diputado perredista, Juan Mendoza Maldonado, no comprobó ni justificó el gasto de 2 millones 271 mil pesos, por concepto de herramientas al desempeño correspondientes a enero-septiembre de 2013.
De modo que en total, las irregularidades encontradas a los ex representantes populares ascienden a poco más de 29 millones de pesos.
En caso de que los ex legisladores no lleguen a comprobar el gasto y no argumenten su defensa, podrían ser acreedores a sanciones que van desde un apercibimiento privado hasta una denuncia de carácter penal, incluida la acción resarcitoria.
Ayer sesionaron los diputados locales para además de aprobar un periodo extraordinario de sesiones a partir del día 15 de este mes y emitir un punto de acuerdo para poder bajar recursos federales a favor de campesinos deudores a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también se leyó el dictamen de dicha auditoría, mismo que será discutido y aprobado en su caso en los próximos días.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la actual administración, Luis Acosta Jaime, refirió que además de las herramientas, se encontraron irregularidades en otras seis erogaciones hechas por un monto de 68 mil pesos sin documentación y facturas probatorias.
Caso específico de las llamadas herramientas, se trata de dinero para dar apoyos de gestión a los ciudadanos, pago a asesores, casas de gestión, visitas a los Distritos electorales y otros que se dividen en los rubros de gestión legislativa, administrativa y social.
Acosta explicó que durante los ejercicios 2011 y 2012 se les entregó dicho recurso cada mes, sin embargo, este 2013, decidieron autoasignarse en un solo pago lo correspondiente al de septiembre al 31 de diciembre, pese a ya no ser diputados.
Con ello violaron el reglamento del Poder Legislativo, el cual regula las herramientas y no permite el otorgamiento de ese recurso más allá del ejercicio constitucional, ya que se debe comprobar de forma bimestral. En el caso de los primeros ocho días de septiembre que aún estuvieron en funciones, se les reembolsaría la parte proporcional y no por anticipado.
Luis Acosta detalló durante la lectura del dictamen ante el pleno, que en septiembre son poco más de 5 millones de pesos, más de 7 millones en octubre, 7 millones en noviembre y una cantidad igual en diciembre.
Ante la violación al reglamento del Legislativo, fue que la ASE promovió en contra de los ex diputados un pliego de observaciones y sanciones administrativas.
El dictamen deberá ser aprobado por el pleno del Congreso, se enviará a la Auditoría, ésta dará un plazo de poco más de 20 días hábiles para que los acusados presenten la documentación probatoria y se defienden y así emitir un fallo final.
Según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de no comprobar su inocencia, los ex diputados podrían ser sancionados desde resarcir el recurso, hasta apercibimiento públicos, privados e iniciarles acción penal.
Ayer mismo, Acosta presentó una iniciativa a la Ley Orgánica de la Legislatura para establecer reglas más claras en la fiscalización de los recursos de ese poder, ya que actualmente se le fiscaliza trianualmente, y se pretende que sea anual.
Respecto de la ampliación del periodo ordinario de sesiones que se aprobó, se hizo con 16 votos a favor y 8 en contra. Aunque no se dijo de manera formal, se presume que sería para aprobar la Reforma Energética que se enviará desde nivel federal, las solicitudes de empréstitos de los municipios de Guadalupe y Zacatecas.
Por otro lado, en cuanto al exhorto que aprobaron los diputados por unanimidad para apoyar a los campesinos que han estado manifestándose en los últimos días, consistió en pedir a la CFE revise de manera integral la problemática de los campesinos, quienes por contingencias climáticas no han podido cumplir pagos de electricidad por un monto total de hasta con 150 millones de pesos, así como un exhorto a que no les corte el servicio.
A Gobierno federal se le exhortó a flexibilizar las reglas del Fondo Tecnificación en Riesgo, del cual se pueda dar apoyo de 100 millones de pesos para los campesinos zacatecanos. También se aprobaron leyes de ingresos de municipios y además se citó a sesión para el próximo martes a las 11 horas.
