El Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) posponer la entrega de libros de texto gratuito porque contienen errores inaceptables que reflejan la ignorancia, necedad e incompetencia del gobierno federal.
En conferencia de prensa, enfatizó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, así como el Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos establecen que para la elaboración de los libros de texto gratuito se debe realizar una consulta con un conjunto de actores que representen la pluralidad de México para que no contengan solo el punto de vista de un grupo, “por significativo que este sea para el gobierno en turno”.
Peña Badillo insistió en posponer la entrada en vigor de estos materiales educativos porque existen recursos legales que se encuentran en trámite y que aún no han sido resueltos por lo que los exhortó a realizar una revisión de los libros para encontrar una ruta más satisfactoria que la que se ofrece hasta el momento para educar a la niñez y adolescencia.
“Lamentamos que las autoridades no atiendan los términos que establecen las normas y cometan omisiones por capricho, desconocimiento o intención definida A partir del cumplimiento de la ley aplicable y de buscar una educación que cumpla con los objetivos del Artículo Tercero Constitucional encontraremos una ruta de concordia y una promesa de futuro como el que anhelamos las y los mexicanos”, dijo.
En este momento histórico de la educación en México, el dirigente estatal priista expresó su reconocimiento y gratitud a las y los maestros porque en ellos está la responsabilidad diaria de sortear y resolver la realidad que significa impartir clases con este modelo educativo y material didáctico tan cuestionado.
A nivel nacional las y los gobernadores de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Aguascalientes manifestaron que no distribuirán los libros de texto hasta que el poder judicial así lo determine.
