La reforma a la Ley Minera contiene aspectos positivos, entre ellos el hecho de que ahora prohíbe la expropiación de territorios para desarrollar proyectos extractivos y promueve consultas a pueblos originarios, pero no trastoca los privilegios fiscales que se les otorga a las empresas ni modifica el modelo extractivista de depredación de los recursos naturales.
Arturo Burnes Ortiz, investigador de la Unidad Académica de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), afirmó que “hay algunos aspectos vitales para el desarrollo nacional y regional, vinculados a la minería, que por desgracia no toca el proyecto de ley”.
Por ejemplo, se refirió al privilegiado tratamiento fiscal que actualmente se les da a las empresas mineras, tema del que “no hay una sola palabra” en la iniciativa de reforma a la ley; “en 2020 las empresas pagaron impuestos por alrededor de 900 millones de dólares y solamente cinco grupos empresariales obtuvieron beneficios por más de 15 mil millones de dólares. Si hacemos el cálculo, no llega ni a 6 por ciento de sus ingresos totales pagados en impuestos y no hay una palabra en relación con tocar la renta minera”.
Expuso que los consorcios exportan alrededor de 90 por ciento de la riqueza generada por la extracción, lo cual tampoco se aborda en la iniciativa, a pesar de que implica la descapitalización del país.
La renta minera
podría ser tomada
por el Estado para el
desarrollo nacional
y regional
Es decir, la reforma “se centra en aspectos normativos, concesiones y algunos derechos para las comunidades, pero hay aspectos que quedan truncos en la propuesta y, sobre todo, en el hecho de que no se toca, en lo absoluto, el tema fiscal de la minería, que es un elemento básico porque esa renta minera podría ser tomada por el Estado para el desarrollo nacional y regional”.
Burnes Ortiz recordó que la reforma que entró en vigor, a partir del primero de enero de 2014, y que se denominó “Ley Bonilla”, sí trastocó la renta minera, pues el impuesto incrementó a 7.5 por ciento de las ganancias que obtenían las empresas.
En ese sentido, dijo que la renta minera y el tema fiscal son cuestiones importantes porque visualizan el papel de los consorcios mineros, en su relación con el Estado, con la región, y con las comunidades donde se asientan los fondos mineros.
Señaló que este tema cobra más importancia porque la minería es un sector que no produce una cantidad significativa de empleos ni tampoco encadenamientos productivos, a tal grado de que las zonas mineras se caracterizan por la desigualdad social, económica y territorial.
Por lo tanto, “me parece que el proyecto de reforma a la Ley Minera que se plantea queda trunco porque no se toca la renta minera, por eso los consorcios, y sus representantes, han sido cautos en sus reacciones y saben que no se toca, en lo absoluto, el modelo extractivista, sino aspectos mínimos de él”.
Necesaria, una
reforma fiscal
progresiva
e integral
Burnes Ortiz consideró que esta reforma refleja el proyecto de la Cuarta Transformación, en la que “el neoliberalismo avanza por un lado y la retórica por el otro”, ya que el modelo extractivista, y el modelo económico, no se trastocan.
Sin embargo, precisó que Andrés Manuel López Obrador “no nos engaña porque desde el inicio de su gobierno dijo que no iba a haber ni aumento de impuestos ni reforma fiscal, pero eso es lo que se requiere: una reforma fiscal progresiva e integral”.
Al respecto, explicó que este proyecto de reforma a la Ley Minera es importante porque “es un intento de disciplinar al gran capital minero y ponerlo en sintonía con aspectos del espíritu de la Constitución Mexicana, sobre todo el Artículo 27, que dispone que la nación tendrá, en todo tiempo, el derecho de imponer, a la propiedad privada, las modalidades que dicte el interés público”.
Afirmó que la Ley Minera vigente es inconstitucional porque se aparta flagrantemente de los fines establecidos en la Carta Magna, por lo que este proyecto de reforma pretende restaurar el centro constitucional y limar los elementos más anticonstitucionales, especialmente los que están ligados al Artículo 6 de la ley, que declara a la minería como de utilidad pública, a pesar de que es de interés privado, y la llama preferente a cualquier otro uso del terreno.
Burnes Ortiz comentó que la ley actual permite que el Estado expropie a los dueños de las tierras donde se encuentran los minerales si se considera que esa medida es necesaria para que la actividad minera se lleve a cabo, lo que sucede cuando los propietarios no llegan a acuerdos con las empresas concesionarias para el uso del predio; no obstante, la iniciativa de reforma lo prohíbe.
“La expropiación es un abuso del concepto de utilidad pública y es anticonstitucional, por eso saludamos definitivamente esta medida porque, en este proyecto de ley, desaparece esta disposición, ya que el único interés es el de los dueños de la empresa y no hay interés público”, expresó.
Recordó el caso de Salaverna, en Mazapil, donde los habitantes fueron despojados de sus tierras y de sus casas a manos de la empresa Frisco, de Carlos Slim, apoyada por las autoridades de Gobierno del Estado y Protección Civil.
Sobre el tema fiscal, expuso que, en la ley vigente, únicamente por ley de carácter federal, pueden establecerse contribuciones que graven a esas actividades extractivas, lo que implica una prohibición para que estados y municipios puedan imponer impuestos, lo que contraviene el espíritu constitucional.
De acuerdo con Burnes Ortiz, “este punto no se toca en la iniciativa de reforma y es el punto más sensible para los consorcios empresariales, pero en la reforma no se les toca ni con el pétalo de la intención, sin embargo, desde sus inicios, López Obrador prometió que no habría ni aumento de impuestos al capital ni reforma fiscal”.
Por otra parte, otro aspecto positivo del proyecto de ley es la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, ya que la ley vigente permite el despojo de los predios y lugares sagrados de los pueblos indígenas que contribuyen a mantener su identidad.
La ley vigente plantea que, si hay una comunidad originaria que pretenda tener el control del territorio que se concesiona, puede competir, y si iguala la propuesta del capital privado, es de ella; no obstante, por la desigualdad económica y social, es imposible hacer frente a los grandes corporativos.
En la reforma, las
concesiones se
otorgan mediante
concurso público
En ese sentido, el proyecto de reforma a la ley propone que se realicen consultas a los pueblos originarios para definir si un proyecto extractivo se realiza o no en el territorio en que se encuentran, ya que es común observar que la minería ha provocado “incontables muertes por enfermedades, contaminación de tierra y agua, la privación de medios de subsistencia, devastación ambiental y destrucción del entorno sociocultural”, es decir, la iniciativa sí contempla el respeto a los derechos de estas comunidades.
Burnes Ortiz también destacó que, en esta propuesta de reforma, las concesiones se otorgan mediante concurso público, pues en este momento se dan “en lo oscurito, de parte de la Secretaría de Economía federal al capital privado. Además, la concesión ya no sería por lote, sino por mineral a explotar”.
Consideró que la iniciativa de reforma recoge la esencia de demandas de muchos años de organizaciones, movimientos sociales y pueblos originarios agredidos, “pero no basta la voluntad política; los cambios dependen de la lucha social y la solidaridad de toda la sociedad porque, inevitablemente, toda propuesta tiene ganadores y perdedores”.
“No es la mexicanización de la minería, como aquel 5 de febrero del 61, cuando fue la cúspide del nacionalismo revolucionario priísta ni es la expropiación y nacionalización del recurso natural como aquel marzo de 1938, sino que se trata simplemente de poner en el centro el mandato constitucional en algunos aspectos. Esto no es poca cosa porque está tan sesgada la política minera a la derecha que, restaurar la letra constitucional, implica un verdadero golpe de timón”, dijo.
Concluyó entonces que esta iniciativa no resuelve el problema del modelo extractivista depredador, “pero se debe tener claro que es difícil cambiar de modelo porque para hacerlo se deben afectar los intereses que lo sustentan, que son poderosos, sin embargo, sí se pueden modificar las reglas del pueblo, que permitan mejores condiciones”.
