Estafa legislativa: oportunidad de oro

El discurso del Presidente López Obrador ante el grupo de los G20 en la ONU, impactó a nivel internacional, contrario a lo que se esperaba de dicho grupo, el Presidente anunció que no daría un discurso centrado en la violencia y la guerra como muestra de poderío, como otros países la han utilizado para mostrar su poderío militar, económico y político sobre otras naciones, sino que optó por hablar de otros mecanismos olvidados y que traerían resultados a largo plazo, no utilizados por no servir en lo mediático o electoral: el bienestar de los pueblos a través de programas para erradicar la desigualdad y la pobreza.

Por otra parte sostuvo que otro de los principales generadores de violencia como consecuencia de la desigualdad y pobreza, es la corrupción, resultado de los gobiernos y de la política neoliberales que fueron sembrados en todas las naciones, así mismo, su discurso centró en la urgencia de emplear políticas para depurar las instituciones internacionales de la corrupción y la burocracia, invitando a las naciones a sumarse a dicha lucha, criticado por la propuesta de emplear un plan internacional de fraternidad y bienestar en el que las grandes corporaciones, el pequeño porcentaje de personas que representan a los más ricos del mundo, así como los gobiernos participantes en el grupo de los G20, impulsen a través de donaciones y aportaciones voluntarias.

El discurso del Presidente Andrés Manuel resulta congruente con su actuar, la principal acción de su gobierno desde el comienzo hasta el momento, ha sido el combate frontal contra la corrupción, cambiando mecanismos en la implementación de programas sociales para disminuirla, sin todavía erradicarla, así mismo impulsando con el ejemplo la ética para que los demás servidores públicos se propongan servir al pueblo y al país en lugar de servirse, a tal grado de que al mínimo escándalo de sus funcionarios los ha reemplazado, como a su cercano César Yáñez que lo ha acompañado desde hace años y el más reciente caso de Santiago Nieto, quien había sido pieza clave los 3 años de gobierno en el combate a la corrupción desde la Unidad de Inteligencia Financiera, ambos delegados de sus funciones por protagonizar un escándalo derivado de haber celebrado nupcias de manera ostentosa, algo que el Presidente ha señalado como incongruente con los principios de austeridad con los que se deben regir sus funcionarios.

Los lujos de nuestra clase política han resultado no sólo ofensivos para los mexicanos, sino que han sido lascivos y muy dañinos para ella vida democrática del país y para bienestar del pueblo, la búsqueda de grandes riquezas o beneficios a través de los cargos, ha traído graves consecuencias para el país, pobreza, inseguridad, una enorme desigualdad y una corrupción sistematizada e institucionalizada.

Zacatecas no ha sido la excepción, tenemos una deuda de siete mil millones derivado de los malos manejos y corrupción, gran desigualdad, injusticias e inseguridad, todos consecuencia de la corrupción desbordada que nuestra clase política ha empleado con la finalidad de cambiar su estatus social y económico lo más pronto posible, al grado de que en tan solo tres años, regidores, presidentes municipales e incluso diputados locales, logran salir millonarios.

El caso de la Estafa Legislativa debe indignar a los zacatecanos, no solamente porque 25 diputados locales decidieron, mediante facturas falsas, hacerse de 200 millones de pesos mientras en el Estado miles de empresarios, comerciantes y familias, sufrían el impacto económico derivado del COVID-19, sino que también resulta indignante que las autoridades salientes y las competentes como la Auditoría Superior, callaran o simplemente no se dieran cuenta, así como por el silencio de la nueva Gobernanza, de la que funcionarios de primer nivel se han visto implicados.

La estafa legislativa es una oportunidad de oro si es que el Gobierno de David Monreal desea realmente hacer frente a la corrupción que desde hace años venía señalando y que durante campaña prometió enfrentar, resulta la gran oportunidad para desarticular las redes de corrupción sembradas en la administración pública y que tanto flagelan a los zacatecanos, impidiendo el desarrollo y bienestar, investigar y sancionar a los legisladores involucrados y que resulten culpables, podrá marcar el inicio de una nueva era política, económica y social para Zacatecas. Estamos ante una delgada línea entre el continuismo y la transformación de la vida pública del Estado.