El reciente acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), identificado como el Acuerdo 09/09/26, ha sido presentado en diversos medios de comunicación como una prohibición del uso de celulares en las escuelas públicas y como una posible solución a una de las grandes problemáticas que enfrentan actualmente las instituciones educativas: el uso inadecuado de la tecnología. Sin embargo, más que una solución integral, el acuerdo establece restricciones que están lejos de resolver los problemas relacionados con el tiempo que los estudiantes pasan frente a las pantallas, muchas veces en detrimento de su aprendizaje.
El documento, publicado en septiembre del presente año, promueve el uso responsable y seguro de los dispositivos móviles y limita su utilización con fines no pedagógicos durante la jornada escolar. Asimismo, establece que las entidades federativas deberán generar protocolos o acuerdos que permitan armonizar esta disposición con las necesidades de sus respectivos sistemas educativos. De esta manera, se busca que las escuelas del país implementen las medidas pertinentes, tomando como referencia el decálogo establecido para orientar el uso responsable y seguro de los celulares en los distintos niveles educativos.
A pesar de que la entrada en vigor del acuerdo está prevista para noviembre, Zacatecas, al igual que otras entidades de la República, todavía enfrenta desafíos para implementar esta regulación. Entre ellos destacan la ausencia de protocolos estatales y acuerdos escolares específicos para la educación básica, así como la falta de capacitación del personal directivo, docente y de apoyo a la educación.
A partir de la pandemia, el uso de celulares y tabletas se volvió indispensable para sostener la educación a distancia. Sin embargo, tras el regreso a las aulas, el aprovechamiento pedagógico de estas herramientas disminuyó considerablemente. Esto se debe, en buena medida, a que las escuelas, particularmente las de educación básica, carecen de las condiciones y la infraestructura necesarias para incorporar la tecnología de manera sistemática y significativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Actualmente, los problemas asociados con el uso de celulares en las instituciones públicas parecen superar, en muchos casos, los beneficios pedagógicos que podrían obtenerse de estas herramientas. Antes de la publicación del acuerdo, las escuelas ya contaban con distintas disposiciones para regular el uso de dispositivos móviles. Algunas optaban por prohibirlos, al considerarlos una fuente de distracción difícil de controlar, especialmente ante la falta de corresponsabilidad de algunas familias y de acompañamiento institucional.
El uso inadecuado de los celulares por parte de niñas, niños y adolescentes puede propiciar situaciones graves, como el ciberacoso, la vulneración de la intimidad mediante fotografías o videos compartidos sin consentimiento y la creación de imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial, entre otras prácticas que pueden afectar la integridad y la convivencia escolar.
Otras escuelas, en cambio, optaban por restringir el uso de estos dispositivos y permitirlos únicamente en actividades académicas previamente planeadas y supervisadas por el docente, o en situaciones de emergencia bajo la responsabilidad de los tutores. Esta segunda alternativa reconoce que, cuando existe una intención pedagógica clara, los celulares pueden contribuir al aprendizaje, pues ofrecen aplicaciones y recursos digitales útiles para distintas disciplinas y favorecen el desarrollo de diversas habilidades.
No obstante, la implementación de estas actividades exige planeación, supervisión y seguimiento, responsabilidades que suelen recaer directamente en el docente y que representan una carga adicional a sus funciones habituales. En este sentido, el Acuerdo 09/09/26 también plantea un desafío para el profesorado, ya que su aplicación práctica requiere criterios claros, condiciones institucionales adecuadas y mecanismos de corresponsabilidad entre los distintos actores educativos. De lo contrario, existe el riesgo de que las dificultades derivadas de su implementación terminen opacando sus posibles beneficios.
En teoría, la nueva disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP) busca regular el uso de los celulares durante la jornada escolar y contribuir a resolver los problemas ocasionados por el empleo inadecuado de la tecnología. Sin embargo, la regulación por sí sola resulta insuficiente si no se acompaña de medidas concretas que permitan llevarla a la práctica de manera coherente y efectiva.
El problema es que la disposición corre el riesgo de quedarse a medio camino al trasladar a las escuelas la responsabilidad de armonizar acuerdos internos sin garantizar, necesariamente, las condiciones necesarias para su aplicación. Es previsible que algunos de estos acuerdos asignen al personal docente tareas de vigilancia, supervisión y reporte de incumplimientos, lo que podría convertir a los maestros en una especie de policía de los celulares.
Esta situación coloca al profesorado en una posición compleja, pues, además de atender los procesos de enseñanza y aprendizaje, tendría que asumir responsabilidades adicionales relacionadas con el cumplimiento de la normativa. A ello se suma que los docentes suelen enfrentar las inconformidades de las familias y responder ante las autoridades escolares por diversas situaciones que ocurren dentro del aula, incluso cuando su solución requiere la participación de otros actores.
Por tanto, es necesario regular el uso de la tecnología en las escuelas, pero también reconocer que las buenas intenciones, por sí solas, no resuelven los problemas educativos. Se requiere construir condiciones institucionales adecuadas, capacitar al personal, promover la corresponsabilidad de las familias y desarrollar estrategias de formación dirigidas a toda la comunidad escolar. El propósito no debe limitarse a restringir el uso de un dispositivo, sino a educar para su utilización responsable, crítica, segura y consciente.
De lo contrario, el uso inadecuado de los celulares se convertirá en una problemática más que las instituciones públicas tendrán que resolver mediante disposiciones administrativas, sin atender necesariamente sus causas de fondo.
Ojalá que este acuerdo no termine convirtiéndose en lo que tantas disposiciones educativas han llegado a ser: letra muerta.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5799247&fecha=22/09/2026#gsc.tab=0
